Informar nunca ha sido una tarea sencilla. El periodismo cumple una función esencial en toda sociedad: llevar a la ciudadanía hechos de interés público, aunque estos resulten incómodos para determinados sectores. Sin embargo, cuando una información toca intereses, las reacciones suelen ir más allá del debate de los hechos.

Es común que, en lugar de responder con argumentos o pruebas, algunos opten por desacreditar al periodista o al medio que publica la información. Se cuestionan las intenciones, se difunden ataques personales e incluso se intenta sembrar dudas sobre la credibilidad de quien informa, desviando la atención del tema principal.

En un Estado democrático, la transparencia no es una opción, sino una obligación. En la República Dominicana, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 establece que las instituciones públicas deben ofrecer información sobre su funcionamiento, el manejo de los recursos públicos, las contrataciones, los presupuestos y otros asuntos de interés colectivo. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a solicitar, recibir y saber cómo se administran los recursos públicos y cómo actúan las instituciones, salvo las excepciones contempladas por la propia ley.

Por ello, cuando un medio publica información obtenida de forma legal o ejerce el derecho de acceso a la información pública, no está JODIENDO, ni invadiendo espacios privados ni actuando fuera de la ley; está haciendo uso de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y cumpliendo con su deber de informar.

La libertad de prensa no consiste en publicar únicamente aquello que genera aprobación. Su verdadero valor se demuestra cuando se exponen situaciones que afectan intereses económicos, políticos o personales. Es precisamente en esos momentos cuando el periodismo pone a prueba su independencia y su compromiso con la verdad.

Esto no significa que toda publicación esté libre de errores. Los medios tienen la responsabilidad de verificar los hechos, contrastar las fuentes y rectificar cuando sea necesario. Pero una información sustentada en documentos, datos verificables o información pública no pierde validez porque incomode a quienes preferirían que determinados asuntos permanecieran fuera del conocimiento ciudadano.

La sociedad también tiene una responsabilidad: analizar las informaciones con criterio, distinguir entre una crítica fundamentada y un ataque motivado por intereses particulares, y comprender que el derecho a informar y el derecho a estar informados son pilares fundamentales de una democracia.

Cuando las informaciones tocan intereses, el ruido suele aumentar. Pero el valor de una noticia no debe medirse por las molestias que provoca, sino por la relevancia de los hechos que revela y por el compromiso con la verdad que la sustenta. Porque el periodismo no está llamado a proteger intereses particulares; está llamado a servir al interés público.