El Tribunal impuso garantía económica de tres millones de pesos e impedimento de salida del país a Joan Fernando González Contreras,  gerente del proyecto y representante de la constructora Grupo Paceo por la presunta estafa millonaria vinculada al proyecto inmobiliario West Side Residences Punta Cana,.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por las víctimas, unas 40 personas habrían resultado afectadas por el supuesto fraude inmobiliario, mientras que al menos 18 ya han interpuesto querellas formales ante las autoridades. Otras cuatro personas estarían en proceso de formalizar sus denuncias ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Los denunciantes aseguran haber entregado importantes sumas de dinero para la adquisición de apartamentos en el referido proyecto, afirmando que en algunos casos invirtieron los ahorros de toda una vida.

La detención de González Contreras generó expectativas de justicia entre los afectados, especialmente porque, según versiones, se produjo cuando supuestamente intentaba salir del país, situación que levantó sospechas entre los querellantes.

Sin embargo, la medida de coerción impuesta y su posterior liberación han provocado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial y posibles privilegios relacionados con presuntos vínculos políticos.

Las víctimas han expresado públicamente su rechazo a la decisión judicial y exigen una investigación profunda, independiente y libre de influencias, así como sanciones ejemplares en caso de demostrarse responsabilidades penales.

Mientras tanto, los afectados continúan a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades, en un caso que, según sostienen, evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a este tipo de esquemas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y justicia en el país.