Con la aprobación de la modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, propuesta por el diputado por la provincia La Altagracia, Francisco Villegas, el país da un paso firme en la lucha contra la criminalidad organizada que lucra con la dignidad humana.

La reforma contempla un endurecimiento significativo de las penas para quienes incurran en delitos migratorios y trata de personas, con sanciones que ahora alcanzan hasta 30 años de prisión y multas que pueden llegar a los 2,000 salarios mínimos.

Entre los principales cambios introducidos por esta modificación se destacan: Aumento de penas: Hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 2,000 salarios mínimos para los responsables de trata y tráfico de personas, nuevas formas de trata: Se incorpora la explotación con fines digitales, el turismo sexual y el tráfico de órganos como modalidades penalizadas. mayor protección a las víctimas: Garantía de atención médica, psicológica, refugio seguro y programas de asistencia para la reintegración social de las víctimas.

Además, penas más severas a funcionarios públicos: Los servidores públicos implicados enfrentarán sanciones agravadas por su responsabilidad, protección especial a menores y personas vulnerables: La ley contempla agravantes cuando las víctimas sean menores de edad o pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, cooperación internacional reforzada: Se fortalece la colaboración con otros países para desarticular redes criminales transnacionales y sanciones a empresas: Las entidades o empresas que participen directa o indirectamente en la trata o tráfico serán severamente sancionadas.

El diputado Francisco Villegas aseguró que esta reforma era urgente para enfrentar con mayor contundencia los delitos migratorios y de trata que afectan a miles de personas, especialmente mujeres, niños y adolescentes. “Con esta ley, enviamos un mensaje claro: en la República Dominicana no habrá espacio para quienes atenten contra la vida y la dignidad humana”, puntualizó.