Higüey, La Altagracia.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional La Altagracia, condenó el apresamiento del comunicador Jefte Rafael Ventura Jiménez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta difamación e injuria.

El gremio calificó la detención como un hecho preocupante que, a su juicio, atenta contra el ejercicio de la comunicación y la libertad de expresión, al considerar que este tipo de conflictos debe dirimirse en los tribunales sin recurrir a medidas que impliquen privación de libertad.

La difamación, según expertos solo lleva prisión cuando se ha ejercido con extorsión.

Un acto inconstitucional 

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia número 2339, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 19 de diciembre de 2018, tras establecer que ese tribunal ignoró el precedente constitucional que declaró la nulidad de varios artículos de la Ley 6132sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

En la sentencia TC/1148/25, el TC reiteró que, mediante la decisión TC/0075/16, de fecha 4 de abril de 2016, fueron declarados nulos los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132, lo que implicó su expulsión del ordenamiento jurídico.

El caso

En torno al caso, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia impuso este miércoles al comunicador una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento, como medida de coerción, tras ser acusado de presunta difamación e injuria contra la empresa Petromóvil S.A.

Asimismo, el tribunal dispuso que Ventura Jiménez se mantenga alejado de las propiedades de la referida empresa y del empresario Crisyael Montilla Martínez.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el proceso surge a raíz de la difusión de una serie de videos publicados en Instagram, YouTube y WhatsApp, en los que Ventura Jiménez realizó declaraciones que el Ministerio Público califica como “falsas” y “maliciosas” contra la empresa Petromóvil, S. A., y el abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez.

Ante este panorama, el CDP reiteró su llamado a las autoridades a actuar con prudencia y respeto al debido proceso, al tiempo que expresó su respaldo al comunicador y a los profesionales de la prensa, insistiendo en la necesidad de garantizar la libertad de expresión en la República Dominicana.

La seccional La Altagracia informó que dará seguimiento al caso, vigilante de que se respeten los derechos fundamentales y el ejercicio libre del periodismo.