Higüey, La Altagracia.-.El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia aplazó por segunda ocasión la audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra Jefte Rafael Ventura, acusado de presunta difamación e injuria en perjuicio de la empresa gasolinera Petromovil SRL, en esta ciudad de Higüey.

El conocimiento del proceso fue reprogramado para el próximo 17 de marzo a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la parte querellante, que pidió más tiempo para estudiar los arraigos empresariales, comerciales, personales y de domicilio presentados por el imputado.

El abogado de la defensa, Félix Portes, calificó el proceso como “histórico y especial”, al considerar que existen querellas interpuestas desde el año 2025 que, según dijo, “duermen el sueño eterno”, mientras que en el caso de Ventura la rapidez del proceso “llama a sospecha”.

Portes anunció que solicitará a la Inspectoría General del Ministerio Público la apertura de una investigación para determinar las razones de la “eficiencia” del órgano persecutor en este caso, cuando —afirmó— existen otros expedientes más antiguos en los que no se han realizado solicitudes de investigación ni medidas judiciales.

“Tenemos cinco casos de Ángel Martínez y de Aquiles Jiménez donde el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción, pero no privativas de libertad. Sin embargo, como mi defendido no es Faride Raful, sino un ciudadano común, aquí se solicita prisión preventiva”, expresó.

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El jurista cuestionó además que en Higüey se esté solicitando prisión preventiva, medida que considera improcedente para este tipo de proceso, y adelantó que denunciarán lo que calificó como un uso indebido del poder ante la Inspectoría General del Ministerio Público.

Portes también calificó de “débiles” los argumentos presentados por la fiscalía, señalando que estos deberán ser debatidos y esclarecidos durante la audiencia.

De su lado, Jean Carlos Martínez, también abogado de la defensa, sostuvo que su representado posee suficiente arraigo para que no se le imponga ninguna medida de coerción, incluyendo la prisión preventiva.

“Debe abrirse una investigación, porque en un caso de difamación e injuria, en el que mi defendido ha partido de documentos oficiales, no es correcto que el Ministerio Público solicite prisión preventiva. El abuso es evidente y eso lo vamos a demostrar en el tribunal”, afirmó.

Ministerio Público 

Mientras que el fiscal Víctor Camacho, representante del Ministerio Público, explicó que la audiencia fue aplazada y aseguró que el imputado habría tergiversado informaciones provenientes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para perjudicar a la empresa Petromovil SRL.

Camacho indicó que las autoridades cuentan con datos que evidencian que el informe utilizado por el acusado habría sido recortado y empleado de manera incorrecta.

El representante del Ministerio Público sostuvo además que el aplazamiento de la audiencia se produjo por solicitud de la parte imputada.