En los últimos años hemos sido testigos de un fenómeno cada vez más común: las redes sociales convertidas en salas de juicio. Allí, entre comentarios, publicaciones y transmisiones en vivo, se levantan tribunales improvisados donde cualquiera se siente con la autoridad de acusar, juzgar y condenar.

Basta un video, una foto, o incluso una simple percepción “se le ve en la cara” para que una persona sea señalada como culpable sin derecho a defensa ni investigación de por medio. Desde un teclado, muchos se erigen en jueces y fiscales, dictando sentencias que corren más rápido que cualquier expediente judicial.

Este comportamiento revela una gran paradoja: mientras reclamamos instituciones fuertes y procesos transparentes, en paralelo alimentamos un sistema de justicia digital donde la prueba es la emoción, la evidencia es la sospecha y la condena es la viralidad. El riesgo es enorme: destruir reputaciones, manchar nombres y afectar familias enteras sin que existan garantías mínimas de verdad o justicia.

No se trata de negar la utilidad de las redes como espacios de denuncia y visibilización de problemas que muchas veces las instituciones tardan en atender. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la indignación no sustituye la investigación, ni los comentarios reemplazan el debido proceso.

La justicia verdadera no se mide por “me gusta” ni por la rapidez de un juicio mediático, sino por la solidez de las pruebas y el respeto a los derechos. Cuando olvidamos eso, las redes dejan de ser herramientas de expresión y se convierten en escenarios de linchamiento, donde cualquiera puede ser la próxima víctima.