La joven fue señalada de pertenecer a la banda de raptos exprés, que citaba hombres por la red social Tinder, para encuentros íntimos, y luego de que las víctimas accedían al lugar, eran interceptadas por este grupo armado, quienes, con violencia y armas, perpetraban el crimen.
Santo Domingo.-.La Segunda Sala Penal de la Suprema Vorte de Justicia (SCJ), aplazó para el próximo 31 de marzo la lectura del fallo sobre el recurso de casación interpuesto a favor de Yokairy Julianny Sosa Asencio, condenada a 12 años de prisión por un caso de robo electrónico que, según su defensa, no cometió.
La decisión estaba programada para este jueves 26 de febrero a las 4:30 de la tarde; no obstante, fue pospuesta, informó su abogado, Jean Cristofer Pérez, al salir del alto tribunal.
“Habíamos sido convocados para la lectura de la decisión del recurso de casación interpuesto en su nombre para el día de hoy. Sin embargo, al comunicarnos con la Suprema Corte de Justicia para confirmar que todo estuviera en orden, se nos informó que la lectura fue prorrogada para el 31 de marzo”, explicó el jurista.
Pérez aseguró que la defensa no siente preocupación por el aplazamiento y manifestó plena confianza en los jueces que integran la Segunda Sala Penal, presidida por John Limbásquez e integrada además por Francisco Antonio Jerez, Fran Soto y María Garavito Ramírez.
“De todos los procesos que hemos manejado, este es en el que menos preocupación tenemos. Confiamos en que los magistrados tomarán su decisión en función del contenido y la calidad de las pruebas, no de su cantidad”, expresó.
La defensa espera que el alto tribunal emita una decisión favorable en el recurso de casación, con el que buscan revertir la condena impuesta contra la joven.
El dato
El ocho de octubre del años 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una condena de 12 años de prisión en contra de Yocaira Julianny Sosa Asencio (Yokairy y/o Irene), por presuntamente ser miembro de una «temible» banda de raptos exprés, que operaba en el sector María Auxiliadora, de la capital dominicana.
Tribunal también impuso cinco millones de pesos de indemnización para la víctima, por asociación de malhechores, robo agravado (con violencia) y porte ilegal de arma de fuego, según señala una nota de prensa.

















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