Por Denis Guerrero, fiscalizador

Lo sucedido recientemente en el destacamento policial del sector Los Frailes no puede verse como un hecho aislado ni mucho menos como una simple decisión administrativa. La actuación del coronel Álvarez, al impedir que una representante del Ministerio Público continúe utilizando un espacio destinado durante años a la atención de usuarios, constituye un preocupante retroceso en materia de acceso a la justicia.

Durante más de cuatro años, la magistrada Geivy Francisco Scarfullery ha desempeñado una labor esencial para la comunidad, acercando el sistema de justicia a ciudadanos que requieren orientación, asistencia y protección de sus derechos. Su presencia en ese destacamento no es un privilegio, sino una manifestación concreta del mandato constitucional que tiene el Ministerio Público de dirigir la investigación penal y supervisar la legalidad de las actuaciones policiales.

Limitar o impedir esa labor no solo entorpece el trabajo institucional, sino que debilita las garantías fundamentales de los ciudadanos. La justicia no puede ni debe alejarse de la gente, mucho menos por decisiones unilaterales que rompen la necesaria coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Ambas instituciones están llamadas a trabajar de manera armónica, bajo el principio de legalidad y el respeto mutuo de sus funciones. Cuando esa relación se fractura, quienes realmente resultan afectados son los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

Este incidente también pone en evidencia una realidad que durante años ha sido ignorada: la condición de “inquilino institucional” en la que opera el Ministerio Público en muchos lugares del país. A pesar de los avances logrados, aún existen dependencias que funcionan en espacios prestados, improvisados o subordinados a otras entidades, lo que limita su autonomía y proyecta una imagen de debilidad que no se corresponde con la importancia de su rol.

Es momento de asumir con seriedad esta problemática. El Ministerio Público no puede seguir operando sin sedes propias, sin condiciones adecuadas y sin la independencia funcional que demanda su misión. Garantizar infraestructura digna no es un lujo, es una necesidad para asegurar un servicio eficiente, transparente y respetuoso de los derechos ciudadanos.

La justicia no puede depender de la voluntad circunstancial de terceros ni de decisiones arbitrarias que limiten su accionar. La ciudadanía merece un Ministerio Público fuerte, independiente y presente en cada comunidad.

Lo ocurrido en Los Frailes no debe repetirse. Por el contrario, debe servir como punto de partida para una reflexión profunda y para impulsar las transformaciones que el sistema de justicia dominicano aún tiene pendientes.