Ademas de los 20 años de cárcel que  el Ministerio Público logró que el Tribunal le impusiera al profesor John Kelly Martínez, acusado de violación sexual a la  adolescente de 16 años de edad, Esmeralda Richiez Martínez, este también debata pagar la suma de 2 millones d pesos a los familiares de la joven y unos 200 mil al Estado Dominicano.

La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de este distrito judicial, que preside la jueza Sagrario del Rio, en contra de  en contra de Kelly Martínez, quien deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos, así como también una multa por 200 mil pesos.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez, mostró de manera irrefutable, como el docente, quien estaba llamado a proteger y orientar a la adolescente, faltó a ese compromiso y con sus acciones violó las disposiciones establecidas en los artículos 265, 266, 302, 303, 303-4, 331 del Código Penal Dominicano, así como también el articulo 396 literales A, B, C, de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y los artículos 66 y 67, de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados.

Los hechos

Los fiscales lograron establecer que el 12 de febrero del pasado año 2023, la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres, en la comunidad Vista Alegre del distrito municipal La Otra Banda en compañía del maestro, así como del sobrino del hoy procesado, Rubiel Morillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.

Al retornar a su hogar, alrededor de las 12:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación.

Al día siguiente los padres de la adolescente la encontraron muerta en el baño de su residencia.

La acusación demostró que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia.

Por disposición el tribunal, el procesado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, donde tiene un año recluido cumpliendo cumpliendo medida de coerción.