Mediante un comunicado de prensa se informó que en respuesta a la difusión de imágenes del menor C. C. A, presuntamente muerto y torturado por una tía en Verón, la Fiscalía de La Altagracia ha anunciado una investigación exhaustiva para determinar el origen y responsables de la filtración de estas imágenes.

El menor de 8 años de edad falleció en circunstancias trágicas la noche del pasado viernes, hecho que está en investigación.

El Ministerio Público recordó que la divulgación de estas imágenes, prohibidas por la ley, constituye una violación a la legislación vigente. La prohibición está establecida en la Ley No. 192-19, la Ley 136-03 (Código del Menor), y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Fiscalía utilizará herramientas tecnológicas para rastrear el origen de la filtración y tomará acciones legales contra aquellos que tengan las imágenes en su portal y/o las reproduzcan, señala el documento de prensa.

La investigación se llevará a cabo con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad del menor y su familia, así como para aplicar las sanciones correspondientes a quienes violen la prohibición legal de difusión de dichas imágenes.

El Ministerio Público hizo un llamado a la sociedad a respetar la privacidad y la integridad de las víctimas y sus familias, impidiendo la reproducción y difusión de contenidos sensibles que puedan causar más daño y sufrimiento.

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Tanto en los bateyes la Piñita, Palo Bonito, Campo Nuevo, Guajabo, Siete Puertas y el división Cuyá, seis de los principales de esta demarcación, es posible constatar el drama humano que representa ver casas a punto del colapso, pisos de tierra, hacinamiento, y en muchos de los casos, las unidades habitacionales o barrancones no cuentan con baños, y los que hay los comparten diversas familias.

Los haitianos son los que prácticamente componen la población bateyera, viven en su propia realidad, una muy diferente de la vida moderna.

Víctor Louis, de 60 años, tiene la mitad de su vida viviendo en el Batey La Piñita, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Higüey San Rafael del Yuma, aquí los baños son comunes, no hay escuela, ni agua potable, no hay centro atención primaria de salud y solo reciben energía eléctrica.

A pesar de su edad, todavía está obligado a seguir como bracero de la empresa Central Romana, aunque aspira a ser beneficiado por una pensión.

Los cortadores de caña ganan entre 90 y 100 pesos por picar una tonelada, según nos contó Octavio Yan, también residente en La Piñita, quien se queja porque ni seguro de salud tiene.

En este Batey hay unos 40 niños que asisten a una escuela en el batey 412, mientras que los que alcanzan la educación secundaria se traslada hacia San Rafael del Yuma o a la ciudad Salvaleón de Higüey.

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