Foya de 25 años de edad, tiene la calificación jurídica 265, 266, 379, 382, 295, 296, 297, 298, 302 y 303 del Código Penal Dominicano.

También fue sentenciado por violar los artículos; 66 y  67 de la ley de 631-16 sobre Armas en prejuicio de Madelyn Paola Sánchez.

El acusado fue detenido por la policía el día 11 de diciembre del citado año mes en el municipio Villa Hermosa de La Romana, quien confesó su participación en el rapto y asesinato del conductor.

El confeso asesino junto a otros dos elementos ( El Guardia y el Tuerto), abordó a Rafael Reyes Silvestre el 17 de noviembre del mencionado año, en la parada de autobuses Sichoem, donde taxeaba.

El cadáver del taxista que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en un 60% de la superficie, fue encontrado cuatro días después de su rapto, es decir el 21 de la fecha anteriormente citada, calcinado detrás del cementerio de Villa Hermosa y cerca de la vivienda de Foya.

Además,  el carro propiedad del taxista había sido encontrado en un solar baldío en fecha 20-11-2022, en el mencionado municipio, un día antes de haber sido hallado el cadáver.

Miguelito, El Guardia

Otros implicados

Dos años después del crimen, el 19 de marzo de este 2024, fue apresado un raso  del Ejército de la República Dominicana (ERD), por también estar vinculado al rapto y muerte del taxista Rafael Reyes Silvestre.

Se trata Miguel  Angel Moscoso Eugenio, alias “Miguelito o el Guardia”de 24 años, quien fue arrestado , mediante la orden No 197-1-OAR -001068-2022.

A Miguelito le fue ratificada la prisión preventiva como medida de coerción,  en la audiencia de revisión del caso realizada ayer martes lunes.

Moscoso Eugenio está acusado de junto al Daniel  Mercedes Pimentel  (A) Foya, haberse presentado  a la parada de autobuses Sichoem, donde el conductor fue abordado por   FOYA en calidad de pasajero, el cual abordó el vehículo   en horas de la tarde del día 18/11/2022, donde.

MIGUELITO EL GUARDIA le dio seguimiento, llevándo la víctima hasta el sector Villa Caoba donde le dieron muerte, lo lanzaron en un basurero próximo al Cementerio municipal de Villa Hermosa, y le pegaron fuego.

Un prófugo

Otro implicado en el rapto y posterior asesinado de Silvestre fue Antonio Martínez Cedeño (a) Ñoño, El Tuerto, Panano, residente en Villa Hermosa de La Roma, quien fue detenido y dejado en libertad aún teniendo en su contra una orden de arresto por la muerte del conductor.

Ñoño/ el Tuerto fue apresado  por el hecho de habérsele ocupado una (1) Motocicleta, marca LONCIN, color ROJO, robada  junto a un tal GORDO (prófugo), mediante atraco a mano armada en fecha 02/12/2022, en el Batey La Jagua, Distrito Municipal Mata Palacio, Hato Mayor.

Alias el Tuerto quien está prófugo de la justicia 

Al prófugo se le varió la prisión preventiva que guardaba por robo y se le impuso una garantía económica, pese a que en su contra había otra orden de arresto por homicidio del conductor, misma que por “ extraño error” no figuraba en el sistema.

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La imputada Natali de la Cruz Jerez deberá cumplir los 24 meses de cárcel suspendida por el deceso de  la extranjera Alida Marisol Méndez Venegas,  absteniéndose de viajar al extranjero, residir en su domicilio ubicado en la calle Boungadilla, residencial Villa Bird, en el Cocotal de Bávaro y no consumir bebidas alcohólicas.

Será el 25 de septiembre de este año 2024 cuando se leerá la sentencia íntegra, y el juez dictará la indemnización que la encartada  deberá  pagar en a los familiares de la víctima.

El abogado de la familia de la occisa, Emmanuel Rivera, explicó que el magistrado tomó la decisión en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal, que establece la pena suspendida.

Según el profesional del derecho,  el juzgado también acogió en consideración el testimonio  de un testigo, quien declaró que la condenada iba a alta velocidad cuando el vehículo impactó con el auto de la fallecida.

El accidente se produjo al chocar el vehículo marca Mazda, color azul, placa A624032, que conducía Méndez Vanegas, con el vehículo Hyundai, color blanco, placa PP058455, conducido por De La Cruz Jerez.

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El pasado 14 de marzo, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia condenó al maestro Martínez  a 20 años de cárcel, pena que debe purgar en la Cárcel de Anamuya donde lleva un año y dos meses recluido.

Asimismo, se le impuso el pago de dos millones de pesos en efectivo a los familiares de Richiez y al pago de 200 mil al Estado dominicano.

John Kelly Martínez fue juzgado por violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano; es decir por agresión sexual (acto violento y forzoso.

Además, el artículo 396 de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, literales A, B, C, que indican: abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual.

El hecho

Pasadas las 8:00 de la noche de  12 de febrero del año 2023, la adolescente Esmeralda Richiez salió desde su hogar en compañía del maestro y un sobrino(excluido del expediente), así como  otras tres alumnas menores de edad a un paseo a Bávaro, lo que nunca imaginó la adolescente es que ese sería el último de su vida.

Por el deceso de la estudiante, el  MP indica que, al retornar a su hogar, alrededor de las 11:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación, siendo hallada muerta  por su madre la mañana del 13 del citado mes.

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La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de este distrito judicial, que preside la jueza Sagrario del Rio, en contra de  en contra de Kelly Martínez, quien deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos, así como también una multa por 200 mil pesos.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez, mostró de manera irrefutable, como el docente, quien estaba llamado a proteger y orientar a la adolescente, faltó a ese compromiso y con sus acciones violó las disposiciones establecidas en los artículos 265, 266, 302, 303, 303-4, 331 del Código Penal Dominicano, así como también el articulo 396 literales A, B, C, de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y los artículos 66 y 67, de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados.

Los hechos

Los fiscales lograron establecer que el 12 de febrero del pasado año 2023, la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres, en la comunidad Vista Alegre del distrito municipal La Otra Banda en compañía del maestro, así como del sobrino del hoy procesado, Rubiel Morillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.

Al retornar a su hogar, alrededor de las 12:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación.

Al día siguiente los padres de la adolescente la encontraron muerta en el baño de su residencia.

La acusación demostró que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia.

Por disposición el tribunal, el procesado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, donde tiene un año recluido cumpliendo cumpliendo medida de coerción.

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El educador deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14, donde hace un año está recluido purgando un año de medida de coerción.

Silvestre Antonio Rodríguez, abogado de la parte acusadora, detalló estar conforme con la decisión del tribunal, ya que entiende que se hizo justicia.

Sostuvo que “realmente ganó la justicia estamos totalmente satisfechos con la condena que se le dio al imputado, porque se demostró con cada elemento la culpabilidad del imputado.

El tanto que Yanina Garrido, también abogada de la parte acusadora, agredió a la prensa por el apoyo brindado en todo el proceso judicial.

En tanto que Yohanna Rodríguez, parte de la defensa de Martínez, dijo sentirse conforme de cómo se llevó el proceso, mismo que fue desglosado conociendo las pruebas existentes en su debido momento.

Detalló que esperaba para su defendido una condena de 5 años, porque entiende de que lo que hubo fue una violación sexual, por lo que ponderarán apelar la decisión del tribunal , esto luego de los 20 días que se le da al mismo para la lectura íntegra de la sentencia.

John Kelly Martínez fue juzgado por violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano; es decir por agresión sexual (acto violento y forzoso.

Además, el artículo 396 de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, literales A, B, C, que indican: abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual.

El hecho

Pasadas las 8:00 de la noche de  12 de febrero del año 2023, la adolescente Esmeralda Richiez salió desde su hogar en compañía del maestro y un sobrino(excluido del expediente), así como  otras tres alumnas menores de edad a un paseo a Bávaro, lo que nunca imaginó la adolescente es que ese sería el último de su vida.

Por el deceso de la estudiante, el  MP indica que, al retornar a su hogar, alrededor de las 11:00 de la noche, la joven llegó pálida y sangrando, por lo que sus padres la ayudaron y quedó en su habitación, siendo hallada muerta  por su madre la mañana del 13 del citado mes.

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Martinez es procesado por agresión sexual a la fallecida adolescente Esmeralda Richiez, quien falleció el 13 de febrero del 2023, por un sangrado producido por un desgarro vaginal luego de una relación sexual violenta.

En la audiencia de este lunes además del MP, también concluyeron con la presentación de elementos probatorios la parte acusadora (familiares de la víctima) como de la defensa de Martínez.

Dentro de las pruebas presentadas por los familiares de Esmeralda Richiez, figuran conversaciones telefónicas con el imputado y con las demás menores con las que andaba Esmeralda la noche que se perpetró la agresión sexual.

Abogados de la parte acusadora y defensa 

Para el próximo jueves se tiene estimado escuchar las réplicas de las partes, además que  el Tribunal conozca el fallo, los cuales cual se espera sean breves, explicó el abogado de la parte acusadora, Silvestre Antonio Rodríguez.

Dijo que, espera que el tribunal le imponga al imputado la pena de 20 años de cárcel, para que esta sea una sentencia justa, “porque esto se trata de lo que sigan las pruebas”.

En tanto que el abogado del acusado, Andy De León, consideró que la condena de 20 años de cárcel para su defendido no procede, por lo que solicitaron que la pena sea menor de los 5 años, ya que considera que “lo que hubo fue un abuso  sexual ni siquiera una violación, porque fue una relación con consentimiento”.

“Es abuso porque la ley establece que toda relación sexual de un menor con un adulto que  tenga una diferencia 5 años, aún éste estando  de acuerdo, porque los menores no tienen la facultad legar para decidir”, enfatizó De León.

Consideró que la relación entre la víctima y el imputado fue de mutuo acuerdo, y que eso quedó evidenciado con los elementos de  pruebas presentados.

Alegó que la pérdida de la menor de 16 años, Esmeralda Richiez, no recae sobre John Kelly Martínez, porque eso quedó demostrado con los argumentos de los peritos y demás testigos.

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El tribunal, integrado por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissiel Uribe Reyes y María del Carmen García González, acogieron las pruebas presentadas por procuradora Fiscal Atahualpa Yucet Brito de Salas y dictaron la condena en contra de Israel Brito Jiménez y Juan Antonio Arias Reglas, quienes le quitaron la vida a Santo Mejía Ramos(Manolo).

Los procesados, quienes cometieron el hecho de sangre el 8 de mayo del año 2019 en el municipio  Miches, violaron las disposiciones de los artículos 59,60, 265, 266, 295, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que castiga la asociación de malhechores, la complicidad para cometer un delito y el asesinato, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el porte ilegal de armas.

Al momento del arresto de ambos malhechores, se les encontró el arma utilizada para cometer el asesinato.

Por disposición del tribunal, los procesados cumplirán la pena en el Centro de Corrección CCR-La Romana.

Manolo fue asesinado de cuatro disparos en la carretera Miches-Higüey, por un supuesto encargo de una persona que se encontraba guardando prisión.

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El Tribunal Colegiado de La Romana dictó la sentencia condenatoria en contra de los acusados Felipe Valerio, Carlos Alfredo Rosario de Jesús (Supite y/o Pipe) y Nathanael de Jesús Severino (Naty), quienes fueron hallados culpables de provocarle la muerte a causa de heridas de bala al abogado Cedeño del Rosario, quien también era pastor de una iglesia de su comunidad.

Su deceso se produjo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la provincia La Romana, donde fue llevado tras recibir los disparos mortales.

El expediente acusatorio indica que al momento en que ocurrió el hecho la víctima se encontraba a bordo del vehículo marca Mitsubishi, color blanco, esperando a un hijo menor de edad que se encontraba en un plantel escolar.

Detalla que Valerio le ocasionó la muerte de múltiples impactos de balas a Cedeño del Rosario, mientras que De Jesús Severino conducía la motocicleta en la que desplazaban al momento en que cometieron el crimen.

Además, refiere que Rosario de Jesús fue quien ubicó, orientó y trazó la ruta y lugar donde se encontraba el líder religioso.

Por su vinculación al caso también fue procesado y recibió sentencia absolutoria Félix Antonio Martínez Valdez (Liquito), quien, de acuerdo con la acusación, fue la persona que, a requerimiento de elementos no identificados, contactó a los hoy procesados y le ofreció el pago de RD$200.000 para que asesinaran al abogado Julin Cabrera, para lo cual le entregó una foto de este.

Detalla que, al contactar al nombrado Rosario de Jesús, este inició un proceso de ubicación de Julin, y, por error, ubicó al abogado y pastor Santo Cedeño del Rosario, a quien le dieron muerte pensando que habían ejecutado el mandato de ultimar al abogado Julin Cabrera.

Las pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Félix Alberto Rijo Sterling, fueron presentadas en el proceso, quedando demostrados los hechos. Rijo Sterling también integró el equipo que representó al Ministerio Público en la litigación, el cual además estuvo integrado por los fiscales Héctor Alfredo de los Santos y Betty Josefina Polanco.

Los elementos probatorios fueron acogidos por los jueces Johan Polanco, Idenisse Catedral y Máximo Agustín Reyes Vanderhorts, quienes dictaron la sentencia.

Felipe Valerio cumplirá la condena en la cárcel pública de El Seibo, mientras que Carlos Alfredo Rosario de Jesús y Nathanael de Jesús Severino la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana.

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El Tribunal Colegiado de La Romana condenó al acusado Julio Manuel Vidal Paula a cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama de esta localidad y al pago de RD$4 millones de indemnización a los familiares de la víctima, tras declararlo culpable de provocarle la muerte a Yesenia García Báez.

El expediente detalla que el hecho ocurrió el 29 de octubre de 2019, alrededor de las 7:15 de la noche, luego de que el acusado se presentara a bordo de un carro sin placa al área del parqueo del restaurante, localizado en el centro de la ciudad de La Romana.

El procesado acudió al lugar luego de realizarle varias llamadas telefónicas a la víctima García Báez, quien se encontraba en el lugar acompañada de su padre y una hija menor, de quienes se hace reservas de sus nombres.

Vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, que formaron parte de las pruebas con las que el Ministerio Público demostró los hechos, captaron el momento en que Vidal Paula se desmonta del vehículo en que se transportaba y sostiene una discusión con la víctima, siendo en esas circunstancias que el hoy condenado sacó su arma de fuego, marca FEG Carandai, calibre 9mm, y le realizó varios disparos a la mujer, impactándola con cinco de ellos en diferentes partes del cuerpo, que le ocasionaron la muerte.

Tras cometer el hecho, el hoy sentenciado huyó del lugar, y luego fue arrestado en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, donde se entregó a la Policía Nacional, quienes, desde que ocurrió el hecho, activaron de inmediato su localización.

El caso fue investigado por la fiscal Johanny López, mientras que los fiscales litigantes Héctor Alfredo de los Santos y Mayerling Rondón representaron al Ministerio Público en el juicio.

El Ministerio Público le atribuyó a Vidal Paula la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, siendo acogida la acusación por los jueces del Tribunal Colegiado, magistrados Jossephang Bernhardt Nivar, Idenisse Catedral Ozuna y Johan Manuel Medina, quienes ordenaron el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana.

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El Tribunal Colegiado de esa demarcación, integrado por los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Bethania del Carmen Conce Polanco y Katerine Santana Mejía, declararon a Joel Jonathan Justo y a Pedro Julio Perdomo Ruiz, culpables del crimen de violación sexual agravada por ser cometida contra una menor de edad, con amenaza de un arma blanca y por más de un autor.

Ambos deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y pagar cada uno una multa de RD$100 mil pesos, por disposición del tribunal, que los declaró culpables de violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, que sanciona la violación sexual.

El fiscal Pedro Adael García de Peña, durante el juicio, aportó pruebas testimoniales, audiovisuales y documentales, con las que pudo probar, fuera de toda duda, que los acusados cometieron los hechos en la vivienda de Joel Jonathan Justo y en una casa abandonada del sector Santa Fe, en esta ciudad.

Justo y Perdomo, en combinación con otro individuo que se encuentra prófugo, en varias ocasiones obligaron a la menor de edad a tener relaciones con ellos, desde antes de que esta cumpliera los 13 años.

Para cometer los hechos los acusados amenazaban a la víctima, advirtiéndole que, si mostraba resistencia, les harían daño a otras tres de sus hermanas también menores de edad, según relata el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público.

Parientes de la víctima denunciaron el hecho en fecha 28 de mayo de 2019, por ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís, tras enterarse de que la niña, producto de las sucesivas violaciones sexuales, había quedado embarazada.

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