La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, a cargo de la de la investigación, solicitaron  al Juzgado de Atención Permanente de esta provincia que le imponga la medida de coerción a los dominicanos Domingo Lorenzo Santana (Wellington), cabecilla de la organización, Reyna Julissa Solano Monción (administradora) y a Richard de La Cruz Camacho (Danny, el Pa y y/o Paz), así como al ciudadano haitiano Berlin  Erisme (Obama).

En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que las víctimas, entre ellas, dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

Contra el grupo se ejecutaron órdenes arrestos y fueron sometidos a la justicia, procediendo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia a fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este viernes, 30 de agosto.

Los arrestos se ejecutaron en un negocio que utilizaba una fachada de residencia familiar, el cual estaba destinado al turismo sexual, ya que la mayoría que acudían al mismo eran turistas, el cual fue intervenido, siendo rescatadas 20 víctimas. Al momento de la operación en el establecimiento se encontraban varios clientes.

El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta en el desmantelamiento de la red.

La instancia con la solicitud de medida coerción señala que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en las diferentes localidades del país, principalmente, en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, entre otras localidades, las cuales luego eran trasladadas a la citada zona turística, donde eran explotadas sexualmente en el establecimiento propiedad de Santana, el cual era administrado por Solano Monción, quien también ejercía como cajera.

Sobre la red, detalla, también, que los demás imputados realizaban diferentes funciones.

Durante las pesquisas han sido obtenidas diferentes evidencias, como documentos, recibos, pagos de salidas, pagos de servicios sexuales VIP, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares americanos) y otras relacionadas con el hecho punible que se investiga.

El Ministerio Público sustentó la solicitud de imposición de prisión preventiva con cerca de trescientas pruebas y ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos letras A, I, artículo 3, 6, 7, letra E, de la Ley 137-03, que sancionan la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, y proxenetismo, contenido en los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, así como lavado de activos en violación a la Ley 155-17.

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Los agentes antinarcóticos y varios fiscales, asistidos por organismos de Inteligencia del Estado, realizaron cinco intervenciones en un drink, una casa de cambio, una villa y dos apartamentos e incautaron 93 paquetes presumiblemente cocaína, dos fusiles, (Un AK-47 y un calibre 5.56), una escopeta, cuatro pistolas, entre ellas, una Five Seven, dos Glocks y una Beretta, dos chalecos antibalas y municiones de distintos calibres.

Además las autoridades ocuparon cuatro vehículos, RD $512,850 pesos dominicanos, US $14,896 dólares estadounidenses, relojes, prendas, celulares, equipos electrónicos, documentos personales y otras evidencias.

Por el caso está detenido un dominicano, quien es señalado como el cabecilla de esta red, a la que las autoridades daban seguimiento desde hace más de cinco meses.

Según informes, se trata de una estructura criminal que envía drogas a la vecina isla de Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de lanchas rápidas, aeropuertos y puertos del país.

El Ministerio Público de San Pedro de Macorís y la DNCD profundizan la investigación y activan la búsqueda de otros integrantes de este red de narcotráfico internacional, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los organismos de seguridad, tratan de establecer si el reciente decomiso de los 290 paquetes de cocaína en las costas de Bayahibe, provincia La Altagracia, tiene alguna relación con este caso”

Debemos destacar que la investigación del desmantelamiento de esta red, apenas inicia y evidencia el firme compromiso del Gobierno dominicano, de seguir enfrentando con determinación a estos grupos criminales que intentan utilizar nuestro territorio para el tráfico ilícito de drogas.

Los paquetes de la sustancia están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras las evidencias confiscadas en esta nueva operación están en manos del Ministerio Público para los fines correspondientes.

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