Según el documento de solicitud de medida de coerción, la adolescente, cuyo nombre es omitido para preservar sus derechos, se presentó a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Higüey, sola, y denunció que el profesor Ramos Taveras abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años de edad, y que producto de estas relaciones quedó embarazada.

La adolescente detalló, que, al enterarse de su embarazo, Ramos Taveras, quien al momento fungía como maestro de matemáticas en un centro de educación, le indica que ella no puede continuar con el embarazo, ya que estaría en riesgo su trabajo y le obliga a provocarse un aborto mediante la aplicación e ingesta de pastillas.

A este caso, aún en investigación, el Ministerio Publico le ha otorgado la calificación jurídica provisional, de violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y al artículo 396 literales b, c de la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

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La solicitud será depositada la tarde de este jueves por el Ministerio Público donde pedirán la prision preventiva en contra del educador como lo establece el artículo 226-7 del Código Procesal Penal Dominicano.

Mientras era conducido hacia el segundo nivel del tribunal, Ramos Taveras negó los hechos y dijo ser inocente tras ser cuestionado por medios de comunicación.

El acusado impartía docencia en una escuela del sector villa cerro de aquí, donde estudiaba la menor que era supuestamente violada desde que tenía 12 años de edad.

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Las autoridades de ambas instituciones revelaron que el convenio contempla la donación de 300 millones de pesos por parte del INDOTEL al Ministerio Público, fondos con los que se adquirirán los equipos que se utilizarán para erradicar el uso no autorizado de dispositivos de comunicación.

Asimismo, ambas entidades iniciarán los estudios técnicos pertinentes para determinar los centros penitenciarios idóneos y viables para implementar el proyecto de instalación de los equipos inhibidores bajo la dirección operativa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Guido Gómez Mazara indicó que el INDOTEL aportará la logística para que la Procuraduría coloque los bloqueadores de señal en los recintos carcelarios del país para reducir los delitos cibernéticos que se registran en estos a través de llamadas fraudulentas.

Asimismo, el titular de órgano rector de las telecomunicaciones precisó que esto no representa un sacrificio para la institución que él encabeza, sino una muestra del compromiso que tiene con el bienestar de la sociedad dominicana.

“Para nosotros en el INDOTEL no es motivo de un sacrificio financiero, porque para la institución es mucho más importante hacer conciencia de cuan significativo es este tipo de aporte y en lo que sea pertinente para nosotros, lo vamos a hacer”, añadió.

Gómez explicó que se realizará un trabajo por etapas, que constará de cámaras de seguridad, un sistema de monitoreo interno y externo para garantizar el éxito del plan de bloqueadores de señal en las cárceles del país.

Durante la firma del acuerdo, la magistrada Miriam Germán agradeció la acción del INDOTEL y expresó su satisfacción con la iniciativa encaminada a resolver una problemática que afecta desde hace muchos años a la sociedad dominicana.

“Es de alta prioridad para el Estado dominicano erradicar el uso indebido de las telecomunicaciones para los internos de los diversos centros de corrección y rehabilitación del país, por lo que se hace necesario adoptar medidas en contra de esta conducta contraria a la ley, sin perjuicio al derecho que tienen a comunicarse con sus familias”, expresó la titular del Ministerio Público.

En tanto que, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al participar como testigo del acuerdo, valoró la importancia de esta colaboración interinstitucional para combatir los delitos que se cometen desde los centros penitenciarios.

“Es un paso de avance importante para nosotros poder reducir el nivel de delitos que se cometen desde los centros penitenciarios en la República Dominicana”, externó la titular del MIP.

En el acto de firma del convenio, celebrado este miércoles, en el Salón de Prensa de la Procuraduría General de la República, la magistrada Miriam Germán señaló que para la compra de los equipos, el Ministerio Público realizará una licitación conforme a lo que establece la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

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Correa profanó la tumba de Yeira Encarnación y se presentó hasta la fiscalía como forma de exigir justicia y esclarecimiento del deceso de la menor de edad.

Bomar Alexis Quezada y Franklin Reyes, alegaron que iniciarán una investigación del caso quien actuó desde la impotencia.

Ministerio público declaró a través de un comunicado que gestiona que Correa reciba asistencia especializada por lo que la dama se encuentra bajo protección del órgano persecutor.

La entidad reveló que, actualmente se realizan las diligencias de lugar para que reciba la atención y
asistencia especializada que requiere su situación.

La Fiscalía de Higüey, señaló que ha intentado localizar a los familiares de Correa para ponerles al tanto, pero hasta el momento no
ha sido posible.

En cuanto al caso que involucra la muerte de la adolescente Yeira Idraivia Encarnación Correa, de 16 años e hija de la señora Correa, los hechos ocurrieron en
marzo de 2024, cuando la joven se encontraba en un balneario junto con otros adolescentes y un joven de 18 años, en horas de la noche.

Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la adolescente
falleció de asfixia por inmersión, sin presentar signos de violencia.

La posibilidad de una violación sexual fue descartada tras los resultados de la autopsia, donde no se encontraron rastros de espérala ni violencia.

El Ministerio Público explicó que se están realizando todas las investigaciones correspondientes y que por el caso se procesaron a personas por estar acompañadas de
menores en horario nocturno.

También se trabaja en una querella depositada por la madre en la fiscalía, tipificada bajo el delito de sustracción de menores.

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Las autoridades han identificado a los presuntos responsables y principales involucrados en esta operación ilícita; José Nicolás Castillo, alias «Nikito». Winston Armando Tejera, alias «Barbikin». Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo. Jesús De Los Santos, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito.

El golpe al narcotráfico fue posible gracias a las alertas previas generadas por inteligencia y anomalías detectadas por la administración del puerto. Según el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, el operativo se desarrolló durante el auge comercial de diciembre, momento estratégico para los narcotraficantes.

El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra siete de los imputados en el cargamento de 9.8 toneladas de cocaína decomisada en diciembre de 2024 en el puerto Multimodal Caucedo.

La investigación del caso forma parte de la Operación Panthera 7, la cual también incluyó más de 40 allanamientos en varias zonas del país el sábado 11 de enero

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Anderson Jordany Mota Santana (Habichuelita) fue condenado por el Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia, que lo declaró culpable de cometer la violación sexual contra la mujer, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

Mota Santana cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey.

El caso fue denunciado ante la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del  Ministerio Público , donde se estableció que el hecho ocurrió el 2 de enero de 2024, alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando la víctima llegaba desde su lugar de trabajo a su residencia y fue interceptada por Mota Santana, quien la amenazó con un arma de fuego que portaba para que le entregara sus pertenencias.

El expediente relata que, bajo intimidación y amenaza, el hoy condenado traslada a la mujer a unos matorrales, cerca del cementerio nuevo de esta ciudad de Higüey, donde la  agredió sexualmente.

Posteriormente, el procesado amenazó a la mujer con que si denunciaba los hechos le quitaría la vida.

La acusación presentada por el órgano acusador contra Mota Santana fue acogida por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes lo declararon culpable de violar los artículos 330, 331, 379 y 385 del Código Penal Dominicano.

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La información fue suministrada a este medio por el fiscal de tránsito Denis Leonardo Guerrero, quien sostuvo que la medida solicitada es en contra de José Tomás taveraz Sánchez (Yiyo), a quien presuntamente se les fueron los frenos cuando encendió el artefacto llevándose a su paso a los menores y al padrastro de estos.

Los menores fallecidos son Yeiren de Jesús, de cuatro años, y Yerami Guerrero, de seis, según se ha informado.

Ambos pequeños fallecieroninstantáneamente en el lugar del hecho.

El accidente también resultó herido el padrastro de los niños, Joel Abreu Jiménez, quien fue trasladado a recibir atenciones médicas al  Hospital General Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA).

El hecho

El accidente se produjo cuando los niños y su padrastro se preparaban para salir a comprar alimentos en un colmado cercano a su vivienda.

Según reporte, cuando Joel Abreu Jiménez (padrastro) ya estaba cerrando la puerta de la vivienda, la grúa habría perdido los frenos y se los llevó de paso, terminando atrapados ante una pared de la casa.

La madre de los niños, a la que no había declarado  visiblemente afectada por la tragedia, que la familia estaba “cansada” de pedirle al dueño de la grúa que la quitara del lugar donde solía estacionarla.

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Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.

La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.

Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.

Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.

El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional.

Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.

El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho (08) involucrados en la operación.

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El Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, integrado por las juezas Ramona Milagros Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa Paredes y Esmirna Ortega Ventura, dictó la sentencia en contra de Víctor Manuel de Jesús, por la agresión que cometió en contra de la menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales.

El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Sugeiry Güilamo Cedano, titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de El Seibo, demostró que el procesado faltó a los artículos 330, 331, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y al artículo 396 letras B y C de la Ley 136-03, en perjuicio de la menor de 12 años.

La acción penal ejecutada por el Ministerio Público se desarrolló tras la denuncia presentada en contra del agresor por parte de los padres de la víctima, a quien en hoy procesado amenazó de muerte si revelaba lo ocurrido.

Tras la denuncia, la niña fue sometida a evaluaciones médicas que comprobaron los hechos.

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Unidades tácticas y de reacción de la DNCD, tras recibir informes de inteligencia, montaron una operación conjunta y combinada en las costas del Distrito Municipal de Cumayasa, para apresar a varios individuos que pretendían llevar hacia la vecina isla de Puerto Rico, un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas.

Horas después de iniciado el operativo, los agentes interceptaron a varios hombres en una zona boscosa de la referida localidad, donde arrestaron a uno de ellos, mientras otros individuos que custodiaban el cargamento, lograron evadir la persecución.

Luego, por instrucciones del fiscal actuante, se iniciaron labores de búsqueda y rastreo en toda el área, logrando recuperar seis sacos y cuatro bultos, en cuyo interior se ocuparon los 229 paquetes de la sustancia.

El Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando la investigación en torno al frustrado envio del cargamento a Puerto Rico, mientras varios individuos que forman parte de esta red de narcotráfico internacional son buscados activamente por las autoridades.

«Se trata de una estructura criminal a la que las autoridades le dan seguimiento y que según informes opera en la parte Este del país, cuyo modo operativo es llevar drogas en lanchas rápidas desde las costas de República Dominicana a la vecina isla de Puerto Rico»

Las autoridades ocuparon además dos celulares, bebidas energizantes, agua, lonas, sogas, provisiones, entre otras evidencias que permitirán ampliar el proceso investigativo.

La DNCD destaca el apoyo de las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército), la Procuraduria y agencias de Inteligencia, lo que ha permitido seguir golpeando a las organizaciones criminales que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.

El detenido está en poder del Ministerio Público de la provincia de la Romana para los fines correspondientes, mientras los 229 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el peso exacto de la sustancia.

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