En el desglose mensual de la Procuraduría Geral de la República, la seducción en perjuicio de menores comienza con 20 en enero; febrero, 10; marzo, 9; abril, 13; mayo, 9; junio, 7; julio, 8; agosto, 13; septiembre, 8; octubre, 11; noviembre, 11; y diciembre, 9.

Mientras que el recuento anual es el siguiente: 2024, 127; 2023, 153; 2022, 145; 2021, 61; 2020, 149; 2019, 142; 2018, 134; 2017, 311; y 2016, 327.

Los actos de seducción a menores de edad ponen en vilo a la unidad encargada de perseguir la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Higüey, viendo que las infracciones por estupro representan la mayor cantidad de denuncias sexuales recibidas.

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El juicio fue aplazado a los fines de que se le otorgue la defensoria pública como lo solicitó el imputado, petición que fue acogida por el juez.

Asimismo, para realizar la revisión del expediente del pastor  conjuntamente con la de Robinson,   quién también imputado por ser cómplice de Kelly en las agresiones sexuales.

Albert Severino, abogado de una de las víctimas detalló que, cuando a un imputado se le otorga un año o más como medida de coerción y el caso es declarado complejo, la ley establece que de obligación se le debe hacer una revisión cada tres meses, señaló él abogado de una de las víctimas.

Dijo que en la medida obligatoria se analizan los elementos de arraigo a los fines de hacer variar la medida de coerción.

Según el MP. en esta ocasión, Kelly  invitaba a sus víctimas a participar en diversas actividades de la iglesia, haciendo uso de la autoridad que tenía en la congregación, forzándolos a sostener relaciones sexuales y amenazándolos con matarlos a ellos y sus familias si expresaban lo sucedido.

Cabe destacar que el órgano persecutor establece que estos hechos, muestran “Una evidente reincidencia en este tipo de comportamiento por parte del imputado”, quien en 2021, en virtud de la sentencia penal número 185-2021-SSEN-00372, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, fue declarado culpable de cometer agresión sexual, prevista en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de otro menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales.

Esta sentencia condenó a Víctor Manuel Kelly  a cumplir una pena de cinco años de prisión de forma suspendida y lo sometió a varias condiciones y reglas durante el referido periodo.

En esta ocasión, el Ministerio Público otorgó al hecho por el que se imputa a Kelly  la calificación provisional que contempla la falta en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

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De igual manera, la más alta instancia judicial consideró fuera de “la letra de la norma” el decreto 270-20 que aprobaba el AIB y ordenaba un contrato entre el Estado dominicano y esa empresa.

Ese decreto fue derogado por el presidente Luis Abinader a raíz de una decisión anterior de la SCJ, que lo declaraba ilegal.

Estas decisiones confirman sentencias del Tribunal Superior Administrativo que rechazaron la oposición del AIB a su prohibición de hecho.

La sentencia recoge una serie de ponderaciones acordes con el procedimiento y doctrinas jurídicos y rebate punto por punto los argumentos de la parte recurrente.

El juez ponente de la sentencia, aprobada por la mayoría, fue el presidente de la sala, Manuel A. Read Ortiz.

La Tercera Sala acogió como correcta en derecho la decisión del TSA, y la suplementó con nuevos argumentos jurídicos amparándose en “la suplencia de motivos con fines de fortalecer una decisión en la cual su dispositivo puede ser mantenido”.

En esta nueva decisión, la Suprema Corte de Justicia desautoriza implícitamente el contrato suscrito entre el Estado dominicano y el AIB, ya que el decreto en que se ampara, dictado el 21 de julio de 2020, “es una actuación que no responde a la letra de la norma”.

“Es decir”, explica la sentencia, “si bien imponía una aprobación por parte del Poder Ejecutivo, esto es, un pronunciamiento que no es más que un visto bueno de que el establecimiento del aeródromo conviene al interés general, lo cierto es que dicha aprobación se produjo en circunstancias anómalas, por cuanto realizó una designación directa de la entidad beneficiaria para la construcción y operación de un aeropuerto, sin antes encontrarse precedida de la correspondiente solicitud de establecimiento de aeropuertos cuya tramitación debió realizarse ante el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)”.

En la continuación de ese argumento, la SCJ estatuye que permisos similares para la construcción de instalaciones aeroportuarias deben agotar “la correspondiente adjudicación observando las exigencias de la norma vigente en materia de contrataciones públicas…comprendidas en la Ley núm. 340-06 General de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 18 de agosto de 2006”

Esa obligación, señala la SCJ, es “de conformidad con los principios constitucionales de publicidad, transparencia e igualdad que recoge el artículo 138 de la Carta Política dominicana , así como del artículo 44 de la Ley de Alianzas Publica Privadas de fecha 10 de febrero de 2020, que copiado literalmente reza de la manera siguiente: Dos o más agentes privados podrán presentar una iniciativa y participar en El proceso competitivo de manera conjunta, organizados en la forma de un consorcio, conforme lo establecido en la convocatoria y en los pliegos de condiciones”.

El magistrado Moisés A. Ferrer Landrón emitió un voto disidente en inconformidad con la decisión argumentado, entre otros puntos, que “el acto administrativo que se impugna tiene efectos perjudiciales directos e inmediatos frente a los intereses del beneficiario del acto”.

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El occiso respondía al nombre de Rafael Antonio del Rosario Ciprian, quien residía en el sector Cristinita de la citada zona.

Del Rosario Ciprian falleció por un shock hemorrágicosecundario por herida corto punzante en el hemitorax derecho en la línea axilar, según diagnóstico del médico legista actuante, a determinar por el INACIF.

Las adolescentes participaron en la riña junto a Ricardo Minaya “Batro”, de 35 años,quien emprendió la huida tan pronto cometió el crimen.

Las menores de identidades Y.D.R, (nombres que ocultamos por razones legales), una de nacionalidad haitiana, de 16 años de

resultó herida en ambas rodilla y manos,  en tanto que J.C., dominicana, de 17 años fue herida en la mano izquierda.

Las adolescentes y el victimario sostuvieron una trifulca armados  de arma blanca con el hoy occiso.

BATRO (prófugo) es la pareja sentimental de la adolescente de iniciales J.C de 17 años

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El cadáver corresponde a un hombre que no fue identificado ya que no portaba documentos, y vestía camisa amarilla y pantalón negro y correa negra , quien fue hallado flotando en las aguas del arroyo María la Blanca del citado Puente.

El cuerpo se encontraba atado con las manos hacia atrás con una soga de nilón fina, el cual tenía 72 horas de evolución (fallecido).

Tras la médico legista levantar el cadáver determinó que las consecuencias del deceso sería determinado por autopsia por lo que fue enviado al INACIF.

En el lugar no se colecto ningún tipo de evidencia.

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La mujer de 40 años de edad, deberá cumplir la medida en la Carcel de mujeres de Higüey.

Zapata está acusada de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 86 y 87 de la ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y material relacionado.

La mujer le propinó la estocada al ahora fallecido, luego de ambos protagonizar una  discusión, porque alegadamente la dama  le encontró una conversación con otra mujer en el celular.

El concubino de la imputada falleció a consecuencias de un shock hemorrágico a determinar por autopsia en el INACIF, según diagnóstico del médico legista actuante.

En el lugar del suceso  se ocupó el arma blanca tipo cuchillo con el que la mujer asesinó a su pareja.

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Así lo informó el director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Lennin Carpio, quien indicó que la empresa contratista es CCMASTER, cuya licitación del proyecto se realizó en diciembre  del pasado año 2022, la misma se adjudicó en enero, las  certificaciones de los fondos se  ejecutaron en febrero de este año 2023 y los contratistas fueron puestos en posesión la segunda semana de abril.

Carpio  agregó que los contratistas iniciaron con la colocación  de campamentos y empezarán  con los trabajos de la verja perimetral, para posteriormente rehabilitar el lugar compuesto por las lagunas que son siete, así como también la estación de captación.

Sostuvo que la readecuación de la Planta de tratamiento tendrá una duración de unos nueve meses, pero se tiene contemplado entregarla antes, es decir  en noviembre de este 2023, donde un 30 por ciento de los sectores estarían conectados.

“En este mismo año se tiene contemplado licitar los demás proyectos de alcantarillado, porque contralores no te permite extenderlo hasta que haya una planta que vaya a recibir los desechos”, puntualizó el titular del Inapa.

Enfatizó que se agregarán más sectores en el sistema de alcantarillados, para lo que se tiene contemplado un préstamo de 50 millones de dólares para invertirlo en redes sanitarias de la ciudad, “y aquí solamente hay un área de influencia para 20 por ciento de los sectores conectados”.

Luego de la rehabilitación de la planta se tiene contemplado, aparte de las redes, construir dos plantas más; una para el sector Villa Cerró  y otra para la parte norte de la ciudad, que se descargarían igual en el río Duey, dijo Lenin Carpio.

Agregó que mientras la planta esté en procesos de reconstrucción manejarán las aguas residuales con  un Bypass en el lugar, es decir se dividirá en dos partes para primero trabajar en un lado y luego del otro.

“la planta tiene capacidad de 100 litros por segundo, pero actualmente están entrando entre 25 y 30 litros,por los problemas qué hay con la red, por eso el lugar se desborda cada vez que llueve”, subrayó.

Sepa más

La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Las Siete Lagunas, data del 1970 hecha por el gobierno de Joaquin Balaguer, la cual tiene más de 15 años fuera de servicios, donde  las aguas de la ciudad son vertidas crudas, sin ser tratadas.

Para la citada fecha, más de 50 mil habitantes de la ciudad Salvaleón de Higüey estaban conectados al sistema sanitario, lo que permitía que las aguas residuales luego de ser tratadas llegaran al río del municipio San Rafael del Yuma, pero por mucho más de una década han llegado  al afluente sin procesar, ya que el alcantarillado sanitario de aquí colapsó hace años.

En los últimos 20 años, La Altagracia no había recibido ninguna inversión en materia de saneamiento, es por esto que  el sistema sanitario del  municipio Higüey bes deficiente, debido a los altos volúmenes de desperdicios que maneja.

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Carla Mejia, sobrina del occiso Leoncio Mejia de 64 años, que falleció en la calle Paris del residencial Luisa Perla de esta ciudad, dijo que la citada entidad “no nos ha dado la cara, ni nos ha explicado qué pasó con mi Tio, pero mucho menos le ayudaron con nada”.

Detalló que lo único que quieren es que se haga justicia y se investigue bien lo sucedido, ya que tampoco quisieron mostrarles los videos de las cámaras de seguridad que habían por del lugar del accidente.

Carla Mejia denunció que la persona que conducía el camión recolector de desechos sólidos (Yoryi Bladimir García Medina), tiene discapacidad auditiva y “no es justo que una persona con esta condición trabaje de chofer.

Además agregó que, tienen conocimiento de que no es la primera vez que esto sucede, ya que conocen de otro caso similar.

“No fue un perro que mataron, cuando llegamos al lugar el (occiso), estaba debajo del camión solo, sus compañeros se habían ido ya”, “Hoy fue mi tío, pero mañana puede ser otro, y nos duele que su muerte quede así”, ”porque el camión andaba hasta sin placas”, agregó.

Argumentó que Leoncio Mejia tenía mucho tiempo solicitando su pensión y nunca se la dieron.

Se recuerda que el occiso residía en la calle Santiago del sector Pepe Rosario de aquí, y fue fue atropellado por el camión marca Freightliner, color blanco, sin placa, propiedad del Ayuntamiento Municipal, quien al parecer huyó, ya que no se encontró en el lugar del hecho cuando llegaron las autoridades.

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