En el Fallo definitivo No. 185-2025-SSEN-00084 de fecha 18/03/2025 emitido por la  entidad judicial fueron notificados el complejo turístico citado anteriormente, La Fiscalía de La Altagracia, la Policía Nacional, la Dicrim  y la Policía Turística.

La  imputación fue hecha por presunta violación a las infracciones de la Ley 5353, modificada por los Arts. 381 y siguientes del Código Procesal Penal, en perjuicio de JOSHUA STEVEN RIIBE y ALBER FRANCIS RIIBE.

La notificación fue hecha este lunes 31 de marzo pasadas las 03:00 de las tarde en  virtud de los artículos 17 y 20 de la Resolución 1732-2005 dictada por la Suprema Corte de Justicia de fecha 15/09/2005.

Sentencia íntegra

Se recuerda que Joshua Riibe era el principal testigo en la desaparición de la turista estadounidense de origen indio Sudiksha Konanski, ocurrida la madrugada del día 6 de este mes de marzo.

La última vez que se vio a Konanski, fue en imágenes captadas por videos de seguridad del Hotel Riu, cuando esta iba en compañía de Riibe y otras amigas a la playa del complejo.

Por eso caso Joshua Riibe fue considerado como el principal testigo por el Ministerio Público y duró varios días siendo interrogado por las autoridades.

El pasado 14 del corriente se conoció el recurso de Habeas Cospus a favor de lo joven extranjero, el cual fue acogido por el juez Edwin Rijo.

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El conato habría iniciado cuyas causas se desconocen, habría  a   las 07:00 de la noche del sábado 22 de marzo, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), activó el Plan de Contingencia de Apoyo a la Extinción de Incendios Forestales, en respuesta al incendio registrado en la reserva natural.

Esta acción fue coordinada en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la integración de múltiples agencias y unidades especializadas, con el objetivo de contener y extinguir el siniestro  de manera rápida y efectiva.

Las operaciones de extinción iniciaron a partir de las 06:00 de la mañana del domingo 23 del citado mes, con la instalación de un Puesto de Comando (PC), desde donde se dirigieron las acciones de respuesta y se desplegaron equipos de intervención altamente capacitados en el manejo de incendios forestales.

El Ministerio de Defensa activó la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), del Ejército de la República Dominicana, proporcionando apoyo logístico y operativo. 

Asimismo, la Fuerza Aérea de la República Dominicana desplegó un helicóptero equipado con un Bambi Bucket, permitiendo la realización de descargas de agua sobre los puntos críticos del incendio. 

De su lado, la Unidad de Drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 proporcionó imágenes y localización en tiempo real de los focos de incendios.

El combate directo contra las llamas estuvo a cargo de los bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente, quienes trabajaron intensamente en conjunto con los demás organismos de respuesta para contener la propagación del fuego. 

La empresa Cap Cana proporcionó apoyo y soporte logístico para el desarrollo efectivo de la operación.

En la operación trabajaron un total de 130 hombres y mujeres, incluyendo personal de bomberos forestales, Fuerzas Armadas, equipos de rescate y brigadas de emergencia. 

Esto ocurrió gracias a la efectiva coordinación interinstitucional y la ejecución del plan de respuesta, el incendio fue totalmente controlado y extinguido aproximadamente a las 14:00 horas, logrando sofocar todos los focos activos en la zona.

Las autoridades continúan en vigilancia permanente para evitar posibles reactivaciones y evaluar los daños en la reserva.

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La víctima mortal a consecuencia de herida de bala fue identificada como Pierre Frisnord (a) Sonson, de 29 años.

En tanto, Héctor Andrés Ramírez Pérez, de 45 años, señalado como el presunto agresor, resultó con traumas múltiples y heridas diversas tras ser atacado por un grupo de  haitianos que lo golpearon en represalia.

La entidad del orden reveló que seis  extranjeros de nacionalidad haitiana  fueron detenidos para fines de investigación.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Homicidios de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Científica, investigan los hechos ocurridos en la  construcción hotelera de la citada demarcación, donde también  varios vehículos fueron incendiados.

Datos preliminares

Según las investigaciones preliminares, el incidente se originó cuando trabajadores haitianos se involucraron en una fuerte discusión con el maestro o encargado del personal de la obra, la cual se tornó agresiva.

Fue en esas circunstancias, siempre conforme a los reportes preliminares obtenidos en las primeras entrevistas, que Ramírez Pérez sacó una pistola marca Daewoo, calibre 9mm, y realizó varios disparos, impactando al hoy fallecido.

Tras los hechos, el arma de fuego fue sustraída por la multitud, quienes además incendiaron varios vehículos de la empresa constructora en señal de protesta.

Evidencia ocupada

En el lugar, las autoridades colectaron un machete de aproximadamente 24 pulgadas, hallado junto al cadáver. Asimismo, fueron detenidos seis ciudadanos haitianos para fines de investigación.

El cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el caso y dar con el paradero del arma sustraída.

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Durante el año recientemente concluido, la fiscalía de esta demarcación informó que ha  puesto un especial énfasis en la protección de las víctimas, por lo que se ha brindado atención especializada a un considerable número de personas afectadas por la violencia, lo que ha resultado en 175 condenas por casos de violencia de género e intrafamiliar.

Entre enero y diciembre del citado año, la Unidad de Higüey recepcionó 1,524 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, mientras que la Unidad de Punta Cana registró 1,203 casos.

En cuanto a delitos sexuales, se atendieron 276 denuncias en Higüey y 148 en Punta Cana. Además, se emitieron, 287 órdenes de protección en Higüey y 186 en Punta Cana, asegurando su estricto seguimiento.

“Para optimizar la atención a las víctimas, hemos inaugurado una nueva Unidad de Atención Integral en Higüey, permitiendo mejorar la calidad del servicio brindado” sostuvo la magistrada Claudia Lorena Garrido, titular de la entidad.

Dijo que la participación ciudadana es fundamental en la administración de justicia, es por ello que han realizado  16 encuentros comunitarios en los que se escucha de primera mano las inquietudes de la población, permitiendo la construcción de soluciones conjuntas.

“El compromiso del Ministerio Público con la transparencia se refleja en las 958 solicitudes de medidas de coerción presentadas, garantizando que quienes incumplen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos y asegurando la protección de las víctimas”, acotó Garrido.

Asimismo, se presentaron  4,000 actos conclusivos, reafirmando un gran  esfuerzo por ofrecer respuestas oportunas a los procesos judiciales.

“Se obtuvieron  218 condenas en diversos casos, demostrando nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad”, indicó.

En el marco de la lucha contra la delincuencia, se llevaron  a cabo 940 allanamientos durante el año, fruto de meses de investigación y del esfuerzo del equipo.

Además, preocupados por el aumento de la conflictividad social, se redobló esfuerzos para reducir la circulación de armas de fuego en la provincia, como  resultado, entregaron  208 armas al Ministerio de Interior y Policía.

Aclaró que “uno de los mayores retos sigue siendo la sobrepoblación penitenciaria, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la dignificación de los privados de libertad”.

En este sentido,han  implementado estrategias para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, además de realizar operativos de limpieza y salud en colaboración con los Bomberos y la Dirección Provincial de Salud.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con una justicia eficiente y oportuna, por lo que la institución tiene el deber de actuar con estricto apego al debido proceso, asegurando que las decisiones judiciales no se vean afectadas por prejuicios, sino que sean el resultado de pruebas obtenidas de manera lícita.

La fiscal titular de La Altagracia ofreció estas declaraciones en el marco de la celebración del Día del Ministerio Público que se celebra este domingo 9 de marzo en el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez.

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El Tribunal Colegiado de esta demarcación dictó la sentencia condenatoria a la pena máxima en contra de Luis Miguel Peguero Morales (Canahan o Ojos Verdes), quien fue hallado culpable de causarle la muerte a Jhonatan Cedeño Etime (Calderón).

El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2022, siendo Cedeño Etime trasladado al hospital de esta provincia, donde posteriormente falleció, el 20 de diciembre de ese mismo año, a las 3:00 de la tarde, a causa de herida por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo.

Peguero Morales, según indica el expediente acusatorio, fue detenido en la provincia La Romana el 4 de abril de 2023 mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta que había sido sustraída en fecha 1 de abril de ese mismo año, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La acusación detalla, que, tras su detención, al ser depurado, se determinó que era buscado en virtud de la orden de arresto y conducencia No. 05162-2022, por un enfrentamiento que sostuvo con la víctima el 18 de diciembre de 2022, utilizando armas blancas, antes de que le provocara la muerte. Detalla que al momento en que ocurrió ese hecho se encontraban en una estación de combustible.

El expediente señala que, luego de ese enfrentamiento, la víctima se dirigió a la casa de un amigo en esta provincia, y, en momentos en que ambos conversaban al lugar se presentó el hoy condenado a bordo de una motocicleta conducida por otro hombre solo identificado como  Chuy. Indica que Peguero Morales se desmontó de la motocicleta y, sin mediar palabras, le disparó a Cedeño Etime.

Refiere que un hermano de la víctima y otro hombre que le acompañaba, quienes se encontraban en las proximidades de la zona cuando ocurrió el caso, acudieron al lugar, y, Peguero Morales también intentó asesinarlos, sin que lograra su objetivo. Posteriormente, el victimario y el nombrado Chuy emprendieron la huida.

El fiscal Víctor Camacho tuvo a cargo la investigación del caso, mientras que los fiscales Yeuri Rodríguez Cabrera e Idalia Peralta representaron al Ministerio Público en la litigación, demostrando la acusación con suficientes pruebas.

Los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte dictaron la sentencia condenatoria al determinar que el procesado violó los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

El condenado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia, además de pagar la indemnización a los familiars de la víctima.

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Durante la jornada, en la que participaron más de 15 fiscales de la PGASE, unos 15 agentes del orden y más de 20 equipos de esa procuraduría y de EDEESTE, se inspeccionaron varios comercios de alto consumo, se detectaron maniobras fraudulentas que afectaban la estabilidad y equidad del servicio eléctrico.

Entre los establecimientos notificados figuran Agrofem, Queso Don Eddy y un cuarto frío operado por Carlos Manuel Medina de los Santos, donde se identificaron conexiones ilegales que permitían un consumo desproporcionado en relación con la energía facturada. EDEESTE determinó que estos negocios consumían 33,327.4 kWh, equivalentes a RD$353,548.06 mensuales, mientras que su facturación declarada era casi seis veces menor, reportando solo 4,620 kWh o RD$62,785.80 al mes.

Este tipo de fraudes no solo representan un grave perjuicio económico para la empresa distribuidora, sino que también afectan a los clientes que pagan su consumo de manera regular. La PGASE y EDEESTE reiteran su compromiso con la erradicación de estas prácticas ilícitas y continuarán ejecutando operativos para garantizar un sistema eléctrico más justo y sostenible.

La provincia La Altagracia se ha convertido en un foco crítico de fraude eléctrico, registrando un alto índice de conexiones ilegales, especialmente en grandes comercios que consumen elevados volúmenes de energía sin pagar lo que realmente deben. Estas prácticas fraudulentas no solo generan pérdidas millonarias para el sistema eléctrico, sino que también afectan la calidad del servicio para los clientes regulares.

Las autoridades advirtieron que realizarán estos operativos en varios puntos del país y aplicarán todo el peso de la ley a quienes incurran en estas irregularidades, reforzando las acciones para combatir el fraude eléctrico y proteger los recursos de la nación.

Sobre PGASE

La Pgase fue creada mediante el Decreto No. 107-09, como órgano de la Procuraduría General de la República, con la misión de perseguir el fraude eléctrico, mediante la aplicación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.

Recientemente, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) conmemoró su décimo sexto aniversario con varios actos, incluyendo una misa de acción de gracias y un desfile en el Altar de la Patria.

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La solicitud fue realizada por el órgano persecutor a las 4:55 de la tarde del jueves 23 de este mes de enero.

El escrito de acusación y apertura a juicio se hizo en contra de los ciudadanos: Yhon Alexis De los Santos Mercedes, Edward Jiménez Herrera y Juan David Mota Mauricio a quienes se les acusa de sustracción de menores, traslado ilegal y abuso psicológico.

Los imputados anteriormente citados, acompañaban a la hoy fallecida Yeira Idraivia Encarnación Correa la noche del 14 de marzo del pasado 2024 en el río Salto de Anamuya donde la menor perdió la vida presuntamente por ahogamiento según certificado del médico legista actuante y autopsia.

También se encontraban en el lugar del hecho las menores de edad: K.L.J, Z.C.M. y M.C. cuyos nombres omitimos para proteger su identidad como establece la ley.

Se recuerda que el pasado 14 de este mes de enero, la señora Mildred Correa madre de la adolescente, visiblemente impotente e indignada, se presentó al tribunal de Higüey con la osamenta de su hija de 10 meses de fallecida como forma de exigir justicia y esparció los restos en la recepción del citado lugar.

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Ramos Taveras cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14 de Higüey.

El abogado de la parte acusada, Hector Telemin, dijo que el pedimento del Ministerio Público no se ajusta al artículo 335 del Código Penal Dominicano y alega inocencia de su defendido, ya que entiende que la menor uso un acta de nacimiento falsa que indicaba mayoría de edad.

El profesional derecho explicó que el educador y la adolescente mantenían una correlación, es decir una relación de mutuo acuerdo.

De su lado los familiares de la víctima no quisieron dar declaraciones a la prensa, ya que casi no hablan el español.

El Ministerio Público

El Ministerio Publico solicitó ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de prisión preventiva al educador por violar los los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Además, el artículo 396 literales b, c de la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el documento de solicitud de medida de coerción, la adolescente, cuyo nombre es omitido para preservar sus derechos, se presentó sola a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Higüey, y denunció que el profesor Ramos Taveras abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años de edad.

La adolescente detalló en la denuncia que, al enterarse de su embarazo, Ramos Taveras, quien al momento fungía como maestro de matemáticas en un centro de educación del sector Villa Cerro de aquí, le indica que ella no puede continuar con el embarazo, ya que estaría en riesgo su trabajo y le obliga a provocarse un aborto mediante la aplicación e ingesta de pastillas.

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En el desglose mensual de la Procuraduría Geral de la República, la seducción en perjuicio de menores comienza con 20 en enero; febrero, 10; marzo, 9; abril, 13; mayo, 9; junio, 7; julio, 8; agosto, 13; septiembre, 8; octubre, 11; noviembre, 11; y diciembre, 9.

Mientras que el recuento anual es el siguiente: 2024, 127; 2023, 153; 2022, 145; 2021, 61; 2020, 149; 2019, 142; 2018, 134; 2017, 311; y 2016, 327.

Los actos de seducción a menores de edad ponen en vilo a la unidad encargada de perseguir la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Higüey, viendo que las infracciones por estupro representan la mayor cantidad de denuncias sexuales recibidas.

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El juicio que estaba pautado para la mañana de este viernes  se aplazó a los fines de que se le realice la entrevista a la menor en la Cámara Gesell, la cual se llevará a cabo el miércoles 22.

Ramos taveras es acusado también  de embarazar y obligar abortar a la víctima que era su estudiante en una escuela del sector Villa Cerro de aquí.

La menor, cuyo nombre omitimos para resguardar su integridad, presuntamente era violada desde que tenía 14 años.

Ayer jueves el Ministerio Público presentó la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción como lo establece el artículo 226-7 del código penal dominicano.

El imputado fue apresado ayer jueves por una unidad de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar(DESMVI) de la Policía Nacional, quien tras ser cuestionado por la presa al llegar al cuartel negó los hechos y dijo ser inocente de la acusación.

“Yo soy inocente de lo que se me acusa eso es mentira, hay pruebas contundentes de que soy inocente”, exclamó el detenido.

Al educador se le da la calificación jurídica 330, 331 del código penal dominicano y el artículo 396 de la ley 136-03.

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