La solicitud fue realizada por el órgano persecutor a las 4:55 de la tarde del jueves 23 de este mes de enero.

El escrito de acusación y apertura a juicio se hizo en contra de los ciudadanos: Yhon Alexis De los Santos Mercedes, Edward Jiménez Herrera y Juan David Mota Mauricio a quienes se les acusa de sustracción de menores, traslado ilegal y abuso psicológico.

Los imputados anteriormente citados, acompañaban a la hoy fallecida Yeira Idraivia Encarnación Correa la noche del 14 de marzo del pasado 2024 en el río Salto de Anamuya donde la menor perdió la vida presuntamente por ahogamiento según certificado del médico legista actuante y autopsia.

También se encontraban en el lugar del hecho las menores de edad: K.L.J, Z.C.M. y M.C. cuyos nombres omitimos para proteger su identidad como establece la ley.

Se recuerda que el pasado 14 de este mes de enero, la señora Mildred Correa madre de la adolescente, visiblemente impotente e indignada, se presentó al tribunal de Higüey con la osamenta de su hija de 10 meses de fallecida como forma de exigir justicia y esparció los restos en la recepción del citado lugar.

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Ramos Taveras cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14 de Higüey.

El abogado de la parte acusada, Hector Telemin, dijo que el pedimento del Ministerio Público no se ajusta al artículo 335 del Código Penal Dominicano y alega inocencia de su defendido, ya que entiende que la menor uso un acta de nacimiento falsa que indicaba mayoría de edad.

El profesional derecho explicó que el educador y la adolescente mantenían una correlación, es decir una relación de mutuo acuerdo.

De su lado los familiares de la víctima no quisieron dar declaraciones a la prensa, ya que casi no hablan el español.

El Ministerio Público

El Ministerio Publico solicitó ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de prisión preventiva al educador por violar los los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Además, el artículo 396 literales b, c de la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el documento de solicitud de medida de coerción, la adolescente, cuyo nombre es omitido para preservar sus derechos, se presentó sola a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Higüey, y denunció que el profesor Ramos Taveras abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años de edad.

La adolescente detalló en la denuncia que, al enterarse de su embarazo, Ramos Taveras, quien al momento fungía como maestro de matemáticas en un centro de educación del sector Villa Cerro de aquí, le indica que ella no puede continuar con el embarazo, ya que estaría en riesgo su trabajo y le obliga a provocarse un aborto mediante la aplicación e ingesta de pastillas.

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En el desglose mensual de la Procuraduría Geral de la República, la seducción en perjuicio de menores comienza con 20 en enero; febrero, 10; marzo, 9; abril, 13; mayo, 9; junio, 7; julio, 8; agosto, 13; septiembre, 8; octubre, 11; noviembre, 11; y diciembre, 9.

Mientras que el recuento anual es el siguiente: 2024, 127; 2023, 153; 2022, 145; 2021, 61; 2020, 149; 2019, 142; 2018, 134; 2017, 311; y 2016, 327.

Los actos de seducción a menores de edad ponen en vilo a la unidad encargada de perseguir la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Higüey, viendo que las infracciones por estupro representan la mayor cantidad de denuncias sexuales recibidas.

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El juicio que estaba pautado para la mañana de este viernes  se aplazó a los fines de que se le realice la entrevista a la menor en la Cámara Gesell, la cual se llevará a cabo el miércoles 22.

Ramos taveras es acusado también  de embarazar y obligar abortar a la víctima que era su estudiante en una escuela del sector Villa Cerro de aquí.

La menor, cuyo nombre omitimos para resguardar su integridad, presuntamente era violada desde que tenía 14 años.

Ayer jueves el Ministerio Público presentó la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción como lo establece el artículo 226-7 del código penal dominicano.

El imputado fue apresado ayer jueves por una unidad de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar(DESMVI) de la Policía Nacional, quien tras ser cuestionado por la presa al llegar al cuartel negó los hechos y dijo ser inocente de la acusación.

“Yo soy inocente de lo que se me acusa eso es mentira, hay pruebas contundentes de que soy inocente”, exclamó el detenido.

Al educador se le da la calificación jurídica 330, 331 del código penal dominicano y el artículo 396 de la ley 136-03.

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Una de las víctimas mortales fue identificada como Mikerson Boursiquot, cuyo deceso se debe tras accidentarse en la motocicleta que se desplazaba a las 9:45 de la noche por la avenida Punta Cana, dirección Este-Oeste, distrito municipal Veron, P.C.

El otro de los fallecidos es Mario Santana de 55 años de edad, quien murió  tras accidentarse en su motocicleta a las 11:20 de la noche en la avenida Hermanos Trejo, del sector San Martín en Salvaleón de Higüey.

En tanto que la infante Raissa Charlotte Aristil, de 5 años, perdió la vida a las 7:00 de la noche, en la carretera Yuma-Boca de Yuma, en el municipio que lleva el citado nombre.

Todos los ahora fallecidos perecieron en  accidentes  de motocicletas por  los golpes contusos que recibieron.

Cabe destacar que otras 6 personas también murieron por ciniestros viales  de motocicletas en otras provincias del país.

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De la citada cifra,  dominicanos hay 2, 028, para un 55.78 por ciento; haitianos 1, 515, para un 41.67 por ciento; venezolanos 54, para 1.49 por ciento; 7  de otras nacionalidades, para 1.02 y no consignadas hay 2 para el 0.6 por ciento de la población.

En tanto que, en el área pediátrica hay un total de 10 casos positivos; tres son menores  de un año; uno de sexo femenino y dos masculinos, de uno a cuatro años hay seis; tres varones y tres hembras, y de cinco a nueve años hay una hembra.

De los pacientes pediátricos hay 7 en terapia antirretroviral, 3 pacientes en terapia antirretroviral activos, y uno con suspensión viral.

 En tanto que de  15 a 19 años hay 24 féminas y 11 masculinos, para un total de 35  casos, de esta cifra 32 están en terapia antirretroviral, 19 en terapia antiretroviral activos, y 8 con suspensión viral.

Asimismo, de 20 a 24 años hay 193 casos activos del VIH; 129 son mujeres y 64 hombres, 178 están en terapia antiretroviral, 99 en terapia antiretroviral activos y 63 en suspensión viral.

De igual modo, de 25 a 29 años de edad hay un total de 375 casos;  235 hembras y  149 varones, de estos 356 están en terapia antiretroviral, 194 en terapia antiretroviral activos, y en suspensión viral hay 151 pacientes.

También, en edades de 30 a 34 años hay 550 casos, 319 mujeres y 231 hombres, de los cuales 513 están en terapia antirretroviral, en terapia antiretroviral activos hay 296 y 230 en suspensión viral.

En edades de 35 a 39 años en La Altagracia hay 554 casos de VIH, de la citada cifra hay 316 féminas y 238   masculinos, de los cuales 540 en terapia antiretroviral, terapia antiretroviral activos hay 333, mientras que 278 tienen suspensión viral.

 De 40 a 44 años hay 564 casos; de estos 289 son mujeres y 275 hombres, de los cuales 539 están en terapia antiretroviral, en terapia activa hay 349, y 282 tienen suspensión viral.

De  igual manera, de 45 a 49 años hay un total de 458 casos positivos del virus; 194 mujeres y 264 hombres, de ellos 445 en terapia antiretroviral,  en terapia antirretroviral activos hay 317, mientras que en suspensión viral hay 271 casos.

Entre las edades de 50 a 54 años hay un total de 325 casos activos, de ellos hay 142 hembras y 183 varones, de los cuales en terapia antiretroviral hay 314, y 225 en terapia activa, mientras que con  suspensión viral  hay 201.

Además, en edades de 55 a 59 años hay un total de 225 pacientes, de ellos hay 86 hembras y 139 varones, recibiendo terapia antiretroviral hay  222, en terapia antiretroviral activos hay 180 y en suspensión viral hay 163.

De 60 a 64 años hay 85 mujeres y 86 hombres para un total de 171, de estos hay  167 que requieren terapia antiretroviral, 123 están en terapia antiretroviral activa, y en suspensión viral hay 110.

Entre edades 65 a 69 años hay un total de 93 casos; de los cuales 40 corresponden a mujeres y 53 a hombres, de estos casos 92 necesitan terapia antiretroviral, 63 están en terapia retroviral activa, y en suspensión viral hay 63.

En tanto que, las edades de 70 a 74 años hay una cifra de 50 pacientes; 21 hembras y 29 varones; de ellos 19 están con suspensión viral, 25 con terapia antiretroviral activa y 32 en terapia antiretroviral.

36 casos están en edades de más de 74 años, de ellos 22 son hombres y 11 son mujeres,; de esta cifra 19 cuentan con suspensión viral, 25 están activos en terapia antiretroviral, y para terapia antiretroviral hay 32 pacientes.

De los 6,636 pacientes, solo 3,466 reciben tratamiento en la Unidad de Atención Integral

 Casos VIH embarazadas

En los últimos meses un total de mil 139  embarazadas fueron  tamizadas en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia y Veron, Punta Cana, de las cuales 26 resultaron positivas al VIH, para un equivalente de un 2, 28 por ciento. amActualmente 37 de ellas se encuentran en terapia antiretroviral activa.

 Según la guía de atención de las embarazadas con VIH  en la República Dominicana, de fecha del año 2020, el país  se encuentra entre los países de América Latina con prevalencia más alta de VIH a nivel general, con alrededor de un 1 % de la población; y, de manera más específica, con una población comprendida entre los 15 y los 49 años de edad que alcanza un 0.8 % (de 0.5 % a 0.9 % en mujeres y de 0.7 % a 1.2 % en hombres) dentro de esa tendencia.

En ese mismo sentido, para la citada fecha se observan alta prevalencia en poblaciones claves, tales como: hombres que tienen sexo con hombres, 5.2 %; trabajadoras sexuales, 4.5 %; migrantes haitianos,  3.8%; y mujeres en vulnerabilidad social, 2.4%.

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La imputada Natali de la Cruz Jerez deberá cumplir los 24 meses de cárcel suspendida por el deceso de  la extranjera Alida Marisol Méndez Venegas,  absteniéndose de viajar al extranjero, residir en su domicilio ubicado en la calle Boungadilla, residencial Villa Bird, en el Cocotal de Bávaro y no consumir bebidas alcohólicas.

Será el 25 de septiembre de este año 2024 cuando se leerá la sentencia íntegra, y el juez dictará la indemnización que la encartada  deberá  pagar en a los familiares de la víctima.

El abogado de la familia de la occisa, Emmanuel Rivera, explicó que el magistrado tomó la decisión en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal, que establece la pena suspendida.

Según el profesional del derecho,  el juzgado también acogió en consideración el testimonio  de un testigo, quien declaró que la condenada iba a alta velocidad cuando el vehículo impactó con el auto de la fallecida.

El accidente se produjo al chocar el vehículo marca Mazda, color azul, placa A624032, que conducía Méndez Vanegas, con el vehículo Hyundai, color blanco, placa PP058455, conducido por De La Cruz Jerez.

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La audiencia que se tenía pautada para este viernes 30 en contra de los cuatro imputados, se aplazó a los fines de que tres de  las 20 víctimas sean entrevistadas en Cámara Gesell.

Los imputados por el caso son Domingo Lorenzo Santana (alias Wellington), supuesto cabecilla de la organización; Reyna Julissa Solano Monción, presunta administradora del lugar; Richard de La Cruz Camacho (alias Danny, el Pa y/o Paz), de nacionalidad dominicana y el extranjero  haitiano Berlin Erisme (alias Obama).

El abogado Andy De León, representante de dos de los imputados cuestionó la acusación impuesta por el MP a sus clientes, ya entiende que el caso se le denomina , según la ley, de  trata de migrantes, y además consideró que el expediente del órgano persecutor está abultado y vacío.

El experto en leyes negó que dentro de las víctimas hayan menores de edad.

El caso

Ayer jueves la red de explotación sexual fue desmantelada por las autoridades en Verón, donde 20  mujeres de nacionalidades  venezolana, haitiana, dominicana y colombiana fueron rescatadas, según informe de la Procuraduría General de la República.

Los miembros de la red cobraban por cada servicio sexual sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

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La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia, a cargo de la de la investigación, solicitaron  al Juzgado de Atención Permanente de esta provincia que le imponga la medida de coerción a los dominicanos Domingo Lorenzo Santana (Wellington), cabecilla de la organización, Reyna Julissa Solano Monción (administradora) y a Richard de La Cruz Camacho (Danny, el Pa y y/o Paz), así como al ciudadano haitiano Berlin  Erisme (Obama).

En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que las víctimas, entre ellas, dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

Contra el grupo se ejecutaron órdenes arrestos y fueron sometidos a la justicia, procediendo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia a fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este viernes, 30 de agosto.

Los arrestos se ejecutaron en un negocio que utilizaba una fachada de residencia familiar, el cual estaba destinado al turismo sexual, ya que la mayoría que acudían al mismo eran turistas, el cual fue intervenido, siendo rescatadas 20 víctimas. Al momento de la operación en el establecimiento se encontraban varios clientes.

El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta en el desmantelamiento de la red.

La instancia con la solicitud de medida coerción señala que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en las diferentes localidades del país, principalmente, en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, entre otras localidades, las cuales luego eran trasladadas a la citada zona turística, donde eran explotadas sexualmente en el establecimiento propiedad de Santana, el cual era administrado por Solano Monción, quien también ejercía como cajera.

Sobre la red, detalla, también, que los demás imputados realizaban diferentes funciones.

Durante las pesquisas han sido obtenidas diferentes evidencias, como documentos, recibos, pagos de salidas, pagos de servicios sexuales VIP, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares americanos) y otras relacionadas con el hecho punible que se investiga.

El Ministerio Público sustentó la solicitud de imposición de prisión preventiva con cerca de trescientas pruebas y ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos letras A, I, artículo 3, 6, 7, letra E, de la Ley 137-03, que sancionan la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, y proxenetismo, contenido en los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, así como lavado de activos en violación a la Ley 155-17.

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Así lo indicó la DNCD, quien sostuvo que los equipos actuantes, tras recibir informes de inteligencia montaron una operación conjunta y combinada, en todo el litoral costero de esa demarcación, para atrapar a varios individuos que se movilizaban en actitud sospechosa hacia territorio dominicano a bordo de una embarcación.

Luego de iniciadas las operaciones de seguimiento e interdicción, las lanchas rápidas, helicópteros y unidades terrestres, lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de Isla Saona, próximo a las costas de Bayahibe, una embarcación (Tipo Go Fast) de 37 pies de eslora, con 38 pacas en su interior, conteniendo un total de 1,000 paquetes, (más de una tonelada) de una sustancia que se presume es cocaína.

En el operativo de persecución y negación de zona, que duró más de 16 horas, fueron atrapados cuatro hombres de nacionalidad dominicana, quienes están en poder del Ministerio Público de la provincia La Altagracia para los fines correspondientes.

A los detenidos, quienes viajaban a bordo de la nave, con dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, se les ocupó además un fusil calibre AR-15, con su cargador y 19 cápsulas 5.56, dos (02) Gps, (01) un teléfono satelital dos (02) celulares, un (01) walkie-talkie, 17 tanques de combustibles, entre otras evidencias.

La DNCD con el apoyo del Gobierno Central, las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército), la Procuraduría, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, han confiscado, solo en el mes de agosto, casi cinco toneladas de cocaína y marihuana, en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país.

«La capacidad y la listeza operacional de las fuerzas, han permitido aumentar las incautaciones de drogas, así como la efectividad y las mejoras en las estrategias conjuntas, negando el uso de las aguas jurisdiccionales a las estructuras de narcotráfico, que intentan utilizar nuestro territorio para traficar con sustancias narcóticas».

Este nuevo golpe a estas redes criminales, evidencia una vez más, el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de perseguir y combatir con determinación el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al frustrado intento de introducir el alijo a territorio dominicano, y tratan de establecer si hay otros implicados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los 1,000 paquetes confiscados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso exacto del cargamento.

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