La detención de Yveni Josaphat de 45 años, se produjo en el interior del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Tras el extranjero ser revisado por las autoridades se le ocupó en el interior de una mochila de color rojo, dos tarjetas de control de fiebre amarilla, tres de vacuna de COVID 19, presumiblemente falsas, fotografías de tamaños 2X2 de varias personas, la suma de US$150 dólares americanos y un teléfono celular marca SAMSUNG, color AZUL.

El detenido, presuntamente es reconocido como parte de una red que se dedica a la falsificación de documentos.

Se presume que las  tarjetas ocupadas eran para dotar a pasajeros que intentan salir del país ya que son parte de la documentación requeridas para dichos fines, especialmente los de nacional haitiana.

El detenido y lo ocupado fueron puestos  a disposición del ministerio Publico para los fines correspondientes.

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La familia Cedeño Rubini denunció este miércoles que, una mafia pretende despojarlos de sus propiedades en Bávaro, Punta Cana, a través  de contratos falsificados de compraventa y de préstamos con garantías hipotecarias falsas, por lo que se han visto precisados en los últimos 30 días a apoderar a las fiscalías de las provincias La Altagracia  y Santo Domingo de 4 querellas penales con constitución en parte civil por falsificación de documentos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.

“Esto obedece a la crisis de seguridad jurídica inmobiliaria en esta zona turística de la región Este, especialmente en Punta Cana y Bávaro, como consecuencia de mafias que se dedican a la falsificación de documentos de venta o constitutivos de hipotecas irreales, invasión de propiedades, extorsión a proyectos inmobiliarios y ventas de terrenos que se encuentran en pleno auge”, explicó Stalin Ciprian, abogado de los afectados en una rueda de prensa realizada en Higüey.

Sostuvo que, gracias a la labor de la Procuraduría Fiscal de La Altagracia, uno de estos casos fue resuelto, porque el autor de la falsedad reconoció que el documento fue falsificado y que miembros de una red lo convencieron de usar ese documento para extorsionar a la familia Cedeño Rubino.

El abogado precisó que la mafia integrada por abogados, notarios públicos, y otros sujetos inescrupulosos, falsificaron contratos de supuestas ventas y pagarés notariales para despojar a esta familia Cedeño Rubini de la parcela número 65-B-10 del Distrito Catastral 11.2, matrícula 3000235090, que tiene una extensión 214,909 metros, y también de la parcela número 67-B-45 del Distrito Catastral 11.3, matrícula 3000094780, que tiene una extensión 125,770 metros cuadrados.

Según el profesional del derecho, este grupo mafioso se aprovecha del fallecimiento de don Conrrado Cedeño en el 2013 y presentan documentos falsos del 2006 y 2007, sin comprobantes de pago, como un mecanismo de extorsión y chantaje a Ana María Rubini, quien no reconoce estas ventas y afirma no conocer a ninguno de los alegados compradores.

Stalin Ciprian afirmó que, nadie que compre una propiedad de manera legítima espera más de 17 años para presentar los documentos de las alegadas ventas o pagarés notariales y reclamar la entrega de los terrenos.

Indicó que la primera propiedad está ubicada en la costa de Cabo Engaño, colindando con el aeropuerto de Punta Cana y la otra parcela en el centro de Verón, frente al cruce de Domingo Maíz, ambos pertenecientes al municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El representante legal de la familia Cedeño Rubini manifestó que entre los responsables de esta situación se encuentran los querellados Ramón Jorge, Luis Homero Díaz Vargas, Esteban Gregorio Billini Roque, Francisco Teodoro Castillo, Andy Castillo Andújar, Camilo Mota Contreras, Lorenza Martínez y Félix Vizcaino Soto.

Además, Luisa Sandoval Martínez, Bertinio de la Rosa Aybar, Félix Alburquerque Sánchez, Ramón Emilio Morel Veliz y Moisés Sánchez Severino.

“Esta mafia inmobiliaria del Este, está presentando a las autoridades documentos falsos, con firmas adulteradas, que han superado las medidas internas y controles de seguridad registral, siendo inscritas irregularmente”, aseguró López.

Agregó que las debilidades mostradas por las autoridades judiciales, impositivas y registrales, generan una crisis de seguridad jurídica y serio cuestionamiento al derecho de propiedad en la zona del Este.

Señaló que confía en la justicia dominicana y que tanto la jurisdicción inmobiliaria y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tomaran las medidas de rigor para dejar sin efecto cualquier actuación irregular de esta mafia.

Puntualizó además que, urge que haya una depuración de las operaciones registrales, que la Procuraduría General de la República desmantelen de una vez para siempre las bandas mafiosas que tienen secuestrada la seguridad jurídica inmobiliaria en la zona turística del Este.

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Se trata de Martire Valdez de la Cruz, quien reside en la provincia de San Pedro de Macorís.

La detención ocurrió en la sede principal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Al momento de su arresto, se le ocupó una camioneta marca Toyota, una cartera con 311 pesos en efectivo y diversos recibos de pago de impuestos de carácter vial y/o vehicular; dos cédulas de identidad, un tanque de gas, un kilo para pesar, y varias herramientas para vehículos.

Al ser depurado en los archivos policiales, De La Cruz figura con registro por robo de julio del año 2011.

El prevenido será enviado en las próximas horas a la acción de la justicia para los fines legales correspondientes.

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