El tribunal le impuso una garantía de 20 mil pesos  a la presunta administradora  del lugar, Reyna Julissa Solano Monción, y al extranjero haitiano Berlin Erisme 20 mil pesos cada uno.

En tanto que 200 mil pesos dejará pagar Domingo Lorenzo Santana, señalado como el cabecilla de la organización delictiva  según establece el Código Procesal Penal.

De igual modo a Richard de La Cruz Camacho  se le impuso el pago de de 50 mil pesos.

Se recuerda que el pasado viernes 30 de agosto la audiencia de conocimiento de medida en contra de los presuntos integrantes de la red de explotación sexual, fue reenviada para este martes debido a que se tenían que entrevistar algunas de las víctimas en la cámara Gesell.

El caso

El pasado jueves 29 de agosto,  la red de explotación Sexual fue desmantelada por las autoridades en Verón, Punta Cana, donde 20  mujeres de nacionalidades;  venezolana, haitiana, dominicana y colombiana fueron rescatadas, según informe de la Procuraduría General de la República.

Los miembros de la red cobraban por cada servicio sexual sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

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La audiencia que se tenía pautada para este viernes 30 en contra de los cuatro imputados, se aplazó a los fines de que tres de  las 20 víctimas sean entrevistadas en Cámara Gesell.

Los imputados por el caso son Domingo Lorenzo Santana (alias Wellington), supuesto cabecilla de la organización; Reyna Julissa Solano Monción, presunta administradora del lugar; Richard de La Cruz Camacho (alias Danny, el Pa y/o Paz), de nacionalidad dominicana y el extranjero  haitiano Berlin Erisme (alias Obama).

El abogado Andy De León, representante de dos de los imputados cuestionó la acusación impuesta por el MP a sus clientes, ya entiende que el caso se le denomina , según la ley, de  trata de migrantes, y además consideró que el expediente del órgano persecutor está abultado y vacío.

El experto en leyes negó que dentro de las víctimas hayan menores de edad.

El caso

Ayer jueves la red de explotación sexual fue desmantelada por las autoridades en Verón, donde 20  mujeres de nacionalidades  venezolana, haitiana, dominicana y colombiana fueron rescatadas, según informe de la Procuraduría General de la República.

Los miembros de la red cobraban por cada servicio sexual sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

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Informaron que con esta iniciativa que conllevará una inversión de 400,000 euros aportados en su totalidad por la Agencia Española de Cooperación Internacional, para el Desarrollo, proyectan impactar unas 968 personas de manera directa, 4,115 indirectas y 22,600 de la población en general.

El proyecto “Protección integral de niñas, adolescentes y mujeres frente a trata con fines de explotación sexual comercial en República Dominicana” fue dado a conocer un acto en el que participaron las autoridades del sistema que trabajan el tema.

La directora ejecutiva de Save the Children en República Dominicana Alba Rodríguez, dijo que intervenciones similares se ejecutan en San Pedro de Macorís, en el Puerto de Haina, en San Cristóbal.

Informó que el trabajo se realiza de manera conjunta con autoridades garantes como la Policía Nacional, la Procuraduría, la Policía Turística, El Consejo Nacional para la Niñez (Conani), los Ministerios de Salud Pública, de la Mujer y de la Juventud; Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Oficina Municipal de Trabajo, Ministerio de Salud; Sindicatos de Transporte. y las comunidades.

“En la la zona donde lo vamos a implementar, la idea es unirnos también con empresas, gremios y sindicatos de choferes y de transportistas para temas de detección y denuncia, ya que son gentes que se mueven constantemente en las calles…” agregó

Alta prioridad

Las palabras iniciales del acto realizado estuvieron a cargo del embajador de España Antonio Pérez-Hernández y Torra quien valoró las dimensiones positivas de la iniciativa a favor de cientos de niñas, adolescentes y mujeres que sufren este flagelo, “un mal mundial que afecta a miles de personas”, subrayó.

El presidente de Dave the Children Dominicana Juan Tomas Díaz, agradeció a las entidades españolas, así como a las instituciones públicas y privadas del país que hacen causa común con esta iniciativa.

“Lo importante de este proyecto es la unión de esfuerzos desde todos los sectores, públicos, sociales y privados para detectar, prevenir, atender y denunciar”, dijo.

Fuente: Hoy

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La intervención de los agentes, realizada en coordinación con la Fiscalía de El Seibo, permitió el apresamiento del nacional haitiano solo identificado como Mackenson y/o Anteyol, de unos 24 años, mediante la orden de arresto No. 615-2023-TAUT-00089.

El apresado, capturado en el municipio de Vicentillo, de la citada provincia, se encontraba prófugo por violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y 396 literales B y C de la ley 136-03, código para el sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Se recuerda que el pasado 27 de enero del año en curso, los agentes de la citada dependencia policial rescataron a la menor, quien presuntamente fue violada por su padrastro, acción producto de la cual quedó embarazada.

Esto último habría provocado que la madre la expulsara de la casa y la entregara a un amigo de nacionalidad haitiana de quien se presume la había estado exponiendo con otros hombres para que abusen de ella a cambio de algún beneficio.

Para el momento de su rescate, la menor tenía un embarazo de alto riesgo de 32 semanas, y estaba bajo el cuidado de una compatriota quien aseguró ante el Ministerio Público que la niña estaba deambulando por las calles, motivo por el cual le dio protección al ver su estado de vulnerabilidad.

Asimismo, la menor señaló al apresado como la persona que la violó sexualmente en repetidas ocasiones.

El detenido será puesto bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

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Se trata de Héctor Julio  Santana  Morales (a) CABEZA y Yasiris Josefina Cuevas,  quienes resultaron detenidos en el mes de diciembre del año 2018 en virtud de orden judicial que pesaba en su contra.

La acusación del proceso que fue investigado por el fiscal Félix Alberto Rijo Sterling conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra Trata y Tráfico Ilícito de Inmigrantes, establece que en esa fecha fueron realizados varios allanamientos tendentes a rescatar a más de 16 mujeres que estaban siendo víctimas de trata de personas, uno en la discoteca el Diamante donde se ocuparon elementos que vinculaban directamente a HECTOR JULIO SANTANA MORALES (a) CABEZA y YASIRIS JOSEFINA CUEVAS.

Mediante una labor investigativa se pudo comprobar que los mismos captaban a dichas mujeres en Venezuela, y les realizaban los trámites migratorios para traerlas a República Dominicana, mediante engaño, ofreciéndoles trabajos con jugosos salarios e incentivos de primera, las víctimas eran recibidas en el aeropuerto por  “Cabeza”,quien las dirigía a la discoteca El Diamante y a una vivienda en el sector ensanche la Hoz de  La Romana, donde dormían en colchones tirados en el suelo y eran vigiladas, donde  YASIRIS JOSEFINA CUEVAS, quien les imponía las reglas que debían cumplir, y de no cumplirlas,  las víctimas debían pagar una multa mil pesos.

El Ministerio Público sostuvo que, mediante entrevistas realizadas a las víctimas y otras investigaciones, se pudo comprobar que el modus operandi de dicha red criminal se encuentran todos los elementos del artículo 1, literal A de la Ley 137-03 sobre Trafico Ilícito de Inmigrantes y trata de personas, que son la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados.

La Procuradora Fiscal Titular Reina Yaniris Rodriguez Cedeño, manifestó que estos resultados favorables para la sociedad son fruto de un arduo trabajo en equipo de la fiscalía de La Romana para seguir ofreciendo buenas respuestas a la sociedad que representan en esos y otros tipos penales.

Dijo que la calificación jurídica otorgada al presente proceso fue la de violación a los artículos: 1 (literales a y h), 3 y 7 (literales c y d) de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

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Se trata de Raquel Santana, Vivekand Ramnath “Driver”, Kelvin Santana y Madeline Sánchez Santana.

Los condenados s  fueron apresados en abril del 2018, por el hecho de explotar sexualmente y retener los documentos de 25 mujeres; 21 venezolanas y cuatro dominicanas,  en el negocio “VR City Longue & Bar”, por una supuesta deuda que estas mantenían con ellos, oscilante entre los 15,000 y 50,000 pesos.

Tras casi cinco años de ese apresamiento, el 23 de febrero del 2023 se celebró el juicio de fondo, por violación a la ley 136-03, sobre Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo condenados cada uno a la  pena de 10 años de reclusión.

La Policía Nacional detuvo  a los ahora condenados por medio del arduo trabajo realizado por agentes del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en el año 2018.

Otras condenas

En La Vega, los imputados Alexander Ángeles Núñez y Argentina Peguero Ledesma, señalados como los representantes del bar “Nuevo Milenio”, ubicado en la citada provincia, fueron apresados en octubre del 2019, bajo la acusación de explotación sexual de 25 mujeres de nacionalidad extranjera, entre ellas una menor de edad.

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El fiscal Eduardo Velázquez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la decisión adoptada por el tribunal durante la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados, estableciendo: “En el día de hoy el Cuarto Juzgado de la Instrucción, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, les mantuvo la prisión preventiva a los imputados de la Operación Cattleya, a José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, en razón de que los presupuestos que ellos presentaron en la audiencia fueron los mismos que los presentados el día 29 de noviembre a dicha juzgadora”.

Velázquez representó al Ministerio Público junto a la fiscal Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

Los tres imputados fueron arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cattleya en agosto del pasado año, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la PETT, que dirigen la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y la procuradora de corte Yoanna Bejarán.

El caso se sigue también contra Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).

Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).

El Ministerio Público puso en marcha el jueves el pasado 4 de agosto de 2022 la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.

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Se trata de Werner Hubert Marchenbeck, de 59 años, quien fue apresado mediante orden de arresto y allanamiento, No. 609-01-2023-TAUT-00131, por supuesta violación al artículo 334 y 334-1, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, articulo 3 de la Ley 137-03, sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La detención del extranjero se efectuó el pasado 20 de enero en coordinación con la Procuraduría Especializada de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el apoyo de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), y la Fiscalía de Puerto Plata.

Además, la intervención contó con el respaldo de las ONG’s Operación Underground Railroad, y Destiny Rescue.

De acuerdo a las investigaciones, el apresado llevaba a las menores a su villa ubicada en la urbanización Costambar, sin acompañantes adultos, con fines de explotación sexual y producción de videos.

Estas acciones dieron origen a una ardua labor de investigación e inteligencia que dieron como resultado el apresamiento de Hubert Marchenbeck.

De acuerdo al informe del caso, en la villa allanada se encontraron una gran cantidad de juguetes sexuales, preservativos y celulares.

Por este caso, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Puerto Plata, le dictó a Werner Hubert Marchenbeck tres meses de prisión como medida de coerción.

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A su vez, se resaltó que diez años atrás 1 de cada 10 personas involucradas en sexo comercial eran niñas o adolescentes, en la actualidad 1 de cada 45 personas involucradas en sexo comercial es menor de edad.

‘‘Estas cifras nos revelan que ha habido una disminución medible en los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. También nos indican que el Sistema Público de Justicia ha experimentado una transformación positiva y se ha fortalecido,’’ enfatizó José Monteiro, director de IJM en República Dominicana durante la presentación de los estudios sobre la Prevalencia de la Explotación Sexual Comercial en República Dominicana, el Desempeño del Sistema Público de Justicia Dominicano frente a la Explotación Sexual Comercial y la Percepción de Confianza de las Autoridades ante el Combate de la Explotación Sexual Comercial.

Los reportes mostraron que la productividad de las autoridades gubernamentales ha aumentado significativamente desde 2014. En comparación con 2010-2013, entre 2018-2021:

• El Ministerio Público trabajó 11 veces más casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y trata de personas con fines de explotación sexual.

• Hubo 7 veces más casos con arresto.

• Hubo 5 veces más casos con acusación.

• De 2 casos con condena, el Ministerio Público ha registrado 28 entre 2014-2021.

Por otro lado, se indicó que la calidad de investigaciones policiales y acusacionespresentadas por fiscales han aumentado desde 2014:

• Solo el 14 % de las acusaciones evaluadas superó una evaluación de calidad. Entre 2018-2021 esta tasa fue de un 60 %.

• Entre 2014-2015, ninguna investigación policial superó una evaluación de calidad. De 2020-2021, un 40 % superó la evaluación de calidad.

Los representantes de IJM enfatizaron que estos aumentos en el desempeño han tenido un impacto positivo sobre la percepción de confianza de autoridades claves en la respuesta del sistema público de justicia a la explotación sexual comercial y la trata de personas.

El 92 % de las autoridades entrevistadas dijeron que su percepción de confianza en la respuesta del sistema público de justicia ha mejorado en los últimos cinco años, siendo la Policía Nacional la institución con mayor aumento en el desempeño.

La presentación de los estudios se realizó en el Hotel Embassy Suites By Hilton y contó con la participación de Raquel Arbaje, primera dama de la República; Roberto Álvarez Gil, canciller; Jesús Vásquez, Ministro de Interior y Policía; mayor general Eduardo Alberto Then, director de la Policía Nacional; magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general; magistrada Yenni Berenice, directora de Persecución de la Procuraduría General; magistrada Yohanna Bejarán, procuradora general de Corte Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Luisa Ysabel Ovando, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia; Gary Haugen, fundador y director ejecutivo de Misión Internacional de Justicia; José Monteiro, director de país de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana, así como miembros de la sociedad civil, entre otras personalidades.

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