Por: Geraldo WT

La Altagracia. RD. El palacio de Justicia de esta provincia citó bajo el expediente número 187-1-2023-EPEN-000162 a los abogados Eloy Bello Pérez, Alexandra Díaz y al aguacil Lenny Francisco de Los Santos; por alegado desalojo, embargo ilegal y por presunta retención de objetos, herramientas y materiales pese a que el MP ordenó su devolución.

Durante unas dos décadas la provincia La Altagracia ha sido escenario de trifulcas, incertidumbres y, hasta cierto punto, de inseguridad para quienes desarrollan proyectos; tras el historial de desalojos y embargos llevados a cabo en circunstancias dudosas.

LA ACUSACION:

A los abogados Eloy Bello Pérez y Alexandra Díaz se les acusa de haber orquestado un plan para llevar a cabo un desalojo y embargo violando la ley 396-19., Presuntamente los imputados diseñaron, planificaron y ejecutaron una confabulación y maquinación, a requerimiento de la compañía 33 RENOVA EXPERT, SRL por medio de sus gerentes Rene Duran y el polaco Libor Zalvaski, para desalojar y ocupar una propiedad en perjuicio del querellante OPS GROUP SRL y Julián Rodríguez González.

Los imputados alegadamente engañaron a la pasada titular del MP, Mercedes Santanas, cuando solicitaron permiso de protección policial para los presuntos propietarios entrar a una propiedad en litis, logrando conseguir de la extitular un documento de “Recomendación de Protección para acceso a Propiedad”, dirigido al ex comandante de la Policía Nacional en Verón Punta Cana, Coronel Milton Nova, solicitud con la que supuestamente simularon una solicitud de Fuerza Pública para un desalojo y continuar con un plan que se considera perfectamente diseñado y premeditado para ejecutar un embargo que no contaba con una sentencia definitiva como lo establece el artículo 7 de la ley 396-19.

EL DATO

Todo comenzó cuando el empresario de nacionalidad polaca, Libor Zalvaski, propietario de 33 RENOVA EXPERT, SRL  no cumplió con el pago de contratación a la empresa OPS GROUP, SRL, para la construcción de un proyecto inmobiliario denominado “ISLA FELIZ”, Bávaro, razón por la que en fecha once de junio del año 2018, se expidió la Sentencia Número 2018-00635 por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Altagracia, mediante la cual se homologó un acuerdo transaccional suscrito entre las entidades OPS GROUP, SRL y 33 RENOVA EXPERT, SRL, ordenando la Jurisdicción Inmobiliaria al Registro de Títulos inscribir un privilegio favorable a la sociedad OPS GROUP, SRL por la suma de ochocientos treinta y nueve mil treinta y siete dólares. (US$839,037.00). Desde entonces OPS Group SRL, tiene en posesión la propiedad en retención.

EL DESENLACE

Según explica el documento de acusación, los imputados Eloy Bello, Alexandra Díaz y el alguacil Lenny Francisco de Los Santos, forman parte de una alegada trama que pone en tela de juicio a quienes deberían establecer justicia y deja un ambiente de miedo para quienes desarrollan proyectos en la provincia La Altagracia.

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Concepción Vélez expuso que la demanda en contra de la entidad y de los señores; José Abelardo Estévez presidente, Juan Carlos Jaquez, gerente general, fue entablada para exigir el pago de sus servicios brindados y como facilitador.

Detalló que la demanda puesta en fecha del día 20 del mes de junio de este 2023, debido a que el 30 de septiembre del pasado año 2022, es decir hace un año, se presentó a la Cooperativa San José ante los directivos anteriormente citados en su calidad de facilitador donde dio a conocer sus trabajos como experto en el área de consultoría y asesoría a empresas y negocios como centro de educación y cultura.
Sostuvo que fue contactado por el director de la cooperativa, autorizándole realizar un taller a la citada entidad, para lo cual lo diseñó, mostró y entregó a los ejecutivos de la cooperativa y pactaron un precio por 500 mil pesos, además, que el demandante sería el facilitador por una duración de cuatro meses para un total de 400 horas de clases valoradas en 20 dólares cada una.

Fernando Arturo concepción Vélez expresó su descontento con la Cooperativa San José, ya que luego de lo su esfuerzo diseñando el taller, el gerente general no dio ningún tipo de respuesta a sus mensajes, pero que están impartiendo el taller.

Informó que durante tres meses solicitó de manera amigable por distintas vías que cumplan con lo acordado a lo que se han negado rotundamente, que es a reconocer el monto del proyecto diseñado y que ejecutaron, mismo por el cual percibieron ganancias cuantiosas.

En la demanda también se exige que se imponga a los ejecutivos anteriormente citados un pago de 10 mil pesos diarios por días, dejándolos de pagar después de notificada la sentencia a intervenir.

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