La solicitud fue realizada por el órgano persecutor a las 4:55 de la tarde del jueves 23 de este mes de enero.

El escrito de acusación y apertura a juicio se hizo en contra de los ciudadanos: Yhon Alexis De los Santos Mercedes, Edward Jiménez Herrera y Juan David Mota Mauricio a quienes se les acusa de sustracción de menores, traslado ilegal y abuso psicológico.

Los imputados anteriormente citados, acompañaban a la hoy fallecida Yeira Idraivia Encarnación Correa la noche del 14 de marzo del pasado 2024 en el río Salto de Anamuya donde la menor perdió la vida presuntamente por ahogamiento según certificado del médico legista actuante y autopsia.

También se encontraban en el lugar del hecho las menores de edad: K.L.J, Z.C.M. y M.C. cuyos nombres omitimos para proteger su identidad como establece la ley.

Se recuerda que el pasado 14 de este mes de enero, la señora Mildred Correa madre de la adolescente, visiblemente impotente e indignada, se presentó al tribunal de Higüey con la osamenta de su hija de 10 meses de fallecida como forma de exigir justicia y esparció los restos en la recepción del citado lugar.

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Ramos Taveras cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14 de Higüey.

El abogado de la parte acusada, Hector Telemin, dijo que el pedimento del Ministerio Público no se ajusta al artículo 335 del Código Penal Dominicano y alega inocencia de su defendido, ya que entiende que la menor uso un acta de nacimiento falsa que indicaba mayoría de edad.

El profesional derecho explicó que el educador y la adolescente mantenían una correlación, es decir una relación de mutuo acuerdo.

De su lado los familiares de la víctima no quisieron dar declaraciones a la prensa, ya que casi no hablan el español.

El Ministerio Público

El Ministerio Publico solicitó ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de prisión preventiva al educador por violar los los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Además, el artículo 396 literales b, c de la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el documento de solicitud de medida de coerción, la adolescente, cuyo nombre es omitido para preservar sus derechos, se presentó sola a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Higüey, y denunció que el profesor Ramos Taveras abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años de edad.

La adolescente detalló en la denuncia que, al enterarse de su embarazo, Ramos Taveras, quien al momento fungía como maestro de matemáticas en un centro de educación del sector Villa Cerro de aquí, le indica que ella no puede continuar con el embarazo, ya que estaría en riesgo su trabajo y le obliga a provocarse un aborto mediante la aplicación e ingesta de pastillas.

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En el desglose mensual de la Procuraduría Geral de la República, la seducción en perjuicio de menores comienza con 20 en enero; febrero, 10; marzo, 9; abril, 13; mayo, 9; junio, 7; julio, 8; agosto, 13; septiembre, 8; octubre, 11; noviembre, 11; y diciembre, 9.

Mientras que el recuento anual es el siguiente: 2024, 127; 2023, 153; 2022, 145; 2021, 61; 2020, 149; 2019, 142; 2018, 134; 2017, 311; y 2016, 327.

Los actos de seducción a menores de edad ponen en vilo a la unidad encargada de perseguir la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Higüey, viendo que las infracciones por estupro representan la mayor cantidad de denuncias sexuales recibidas.

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Anderson Jordany Mota Santana (Habichuelita) fue condenado por el Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia, que lo declaró culpable de cometer la violación sexual contra la mujer, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

Mota Santana cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey.

El caso fue denunciado ante la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del  Ministerio Público , donde se estableció que el hecho ocurrió el 2 de enero de 2024, alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando la víctima llegaba desde su lugar de trabajo a su residencia y fue interceptada por Mota Santana, quien la amenazó con un arma de fuego que portaba para que le entregara sus pertenencias.

El expediente relata que, bajo intimidación y amenaza, el hoy condenado traslada a la mujer a unos matorrales, cerca del cementerio nuevo de esta ciudad de Higüey, donde la  agredió sexualmente.

Posteriormente, el procesado amenazó a la mujer con que si denunciaba los hechos le quitaría la vida.

La acusación presentada por el órgano acusador contra Mota Santana fue acogida por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes lo declararon culpable de violar los artículos 330, 331, 379 y 385 del Código Penal Dominicano.

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El juicio fue aplazado a los fines de que se le otorgue la defensoria pública como lo solicitó el imputado, petición que fue acogida por el juez.

Asimismo, para realizar la revisión del expediente del pastor  conjuntamente con la de Robinson,   quién también imputado por ser cómplice de Kelly en las agresiones sexuales.

Albert Severino, abogado de una de las víctimas detalló que, cuando a un imputado se le otorga un año o más como medida de coerción y el caso es declarado complejo, la ley establece que de obligación se le debe hacer una revisión cada tres meses, señaló él abogado de una de las víctimas.

Dijo que en la medida obligatoria se analizan los elementos de arraigo a los fines de hacer variar la medida de coerción.

Según el MP. en esta ocasión, Kelly  invitaba a sus víctimas a participar en diversas actividades de la iglesia, haciendo uso de la autoridad que tenía en la congregación, forzándolos a sostener relaciones sexuales y amenazándolos con matarlos a ellos y sus familias si expresaban lo sucedido.

Cabe destacar que el órgano persecutor establece que estos hechos, muestran “Una evidente reincidencia en este tipo de comportamiento por parte del imputado”, quien en 2021, en virtud de la sentencia penal número 185-2021-SSEN-00372, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, fue declarado culpable de cometer agresión sexual, prevista en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de otro menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales.

Esta sentencia condenó a Víctor Manuel Kelly  a cumplir una pena de cinco años de prisión de forma suspendida y lo sometió a varias condiciones y reglas durante el referido periodo.

En esta ocasión, el Ministerio Público otorgó al hecho por el que se imputa a Kelly  la calificación provisional que contempla la falta en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

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La imputada Natali de la Cruz Jerez deberá cumplir los 24 meses de cárcel suspendida por el deceso de  la extranjera Alida Marisol Méndez Venegas,  absteniéndose de viajar al extranjero, residir en su domicilio ubicado en la calle Boungadilla, residencial Villa Bird, en el Cocotal de Bávaro y no consumir bebidas alcohólicas.

Será el 25 de septiembre de este año 2024 cuando se leerá la sentencia íntegra, y el juez dictará la indemnización que la encartada  deberá  pagar en a los familiares de la víctima.

El abogado de la familia de la occisa, Emmanuel Rivera, explicó que el magistrado tomó la decisión en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal, que establece la pena suspendida.

Según el profesional del derecho,  el juzgado también acogió en consideración el testimonio  de un testigo, quien declaró que la condenada iba a alta velocidad cuando el vehículo impactó con el auto de la fallecida.

El accidente se produjo al chocar el vehículo marca Mazda, color azul, placa A624032, que conducía Méndez Vanegas, con el vehículo Hyundai, color blanco, placa PP058455, conducido por De La Cruz Jerez.

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El tribunal le impuso una garantía de 20 mil pesos  a la presunta administradora  del lugar, Reyna Julissa Solano Monción, y al extranjero haitiano Berlin Erisme 20 mil pesos cada uno.

En tanto que 200 mil pesos dejará pagar Domingo Lorenzo Santana, señalado como el cabecilla de la organización delictiva  según establece el Código Procesal Penal.

De igual modo a Richard de La Cruz Camacho  se le impuso el pago de de 50 mil pesos.

Se recuerda que el pasado viernes 30 de agosto la audiencia de conocimiento de medida en contra de los presuntos integrantes de la red de explotación sexual, fue reenviada para este martes debido a que se tenían que entrevistar algunas de las víctimas en la cámara Gesell.

El caso

El pasado jueves 29 de agosto,  la red de explotación Sexual fue desmantelada por las autoridades en Verón, Punta Cana, donde 20  mujeres de nacionalidades;  venezolana, haitiana, dominicana y colombiana fueron rescatadas, según informe de la Procuraduría General de la República.

Los miembros de la red cobraban por cada servicio sexual sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

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La audiencia que se tenía pautada para este viernes 30 en contra de los cuatro imputados, se aplazó a los fines de que tres de  las 20 víctimas sean entrevistadas en Cámara Gesell.

Los imputados por el caso son Domingo Lorenzo Santana (alias Wellington), supuesto cabecilla de la organización; Reyna Julissa Solano Monción, presunta administradora del lugar; Richard de La Cruz Camacho (alias Danny, el Pa y/o Paz), de nacionalidad dominicana y el extranjero  haitiano Berlin Erisme (alias Obama).

El abogado Andy De León, representante de dos de los imputados cuestionó la acusación impuesta por el MP a sus clientes, ya entiende que el caso se le denomina , según la ley, de  trata de migrantes, y además consideró que el expediente del órgano persecutor está abultado y vacío.

El experto en leyes negó que dentro de las víctimas hayan menores de edad.

El caso

Ayer jueves la red de explotación sexual fue desmantelada por las autoridades en Verón, donde 20  mujeres de nacionalidades  venezolana, haitiana, dominicana y colombiana fueron rescatadas, según informe de la Procuraduría General de la República.

Los miembros de la red cobraban por cada servicio sexual sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.

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La solicitud del Ministerio Público fue acogida por el Juzgado de Instrucción de este distrito judicial, ubicado en la provincia La Altagracia, tras valorar la gravedad de los hechos a través de las pruebas presentadas por los representantes de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio de Higüey.

Según los fiscales a cargo del caso, Adivy Cedano Santana y Roberto Santos Pacheco, el tribunal acogió los argumentos del riesgo que constituye para el proceso que se le sigue a Víctor Manuel Kery, el hecho de que no se le impusiera prisión preventiva.

En el documento presentado ante el tribunal, el Ministerio Público indica que Kery invitaba a sus víctimas a participar en diversas actividades de la iglesia, haciendo uso de la autoridad que tenía en la congregación, forzándolos a sostener relaciones sexuales y amenazándolos con matarlos a ellos y sus familias si expresaban lo sucedido.

De igual forma el Ministerio Público establece que estos hechos, muestran “Una evidente reincidencia en este tipo de comportamiento por parte del imputado”, quien en 2021, en virtud de la sentencia penal número 185-2021-SSEN-00372, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, fue declarado culpable de cometer agresión sexual, prevista en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de otro menor de edad, de quien se omite el nombre para proteger su integridad.

Esta sentencia condenó a Víctor Manuel Kery a cumplir una pena de cinco años de prisión de forma suspendida y lo sometió a varias condiciones y reglas durante el referido periodo.

En esta ocasión, el Ministerio Público otorgó al hecho por el que se imputa a Kery la calificación provisional que contempla la falta en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

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El imputado deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14.

José Alfredo Javier, abogado de la parte acusadora detalló que hasta el momento dos de las víctimas han formalizado querella, pero se presume son 7 los agredidos.

El profesional del derecho indicó que sospechan hay más involucrados junto al pastor en las violaciones.

Dijo que el agresor no muestra arrepentimiento y que alega que las víctimas tienen problemas psicológicos.

“Este señor es un psicopata, un deparavado sexual”, consideró.

Reincidente en la práctica 

Kelly había sido sentenciado a 5 años de prisión suspendida por el mismo hecho en prejuicio de otro menor en el años 2021.

La víctima habría afirmado, que en el años 2018, mientras estaba en la iglesia de madrugada, el pastor Víctor Manuel Kelly le había preguntado si se masturbaba.

Contagiado de VIH

El pastor evangélico,dio positivo al virus del VHI, tras ser sometido a unas pruebas serológicas.

 Además una de sus víctimas dio positivo al virus, mientras que el otro menor están en proceso de analíticas para saber si también contrajo el virus.

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