En el Fallo definitivo No. 185-2025-SSEN-00084 de fecha 18/03/2025 emitido por la  entidad judicial fueron notificados el complejo turístico citado anteriormente, La Fiscalía de La Altagracia, la Policía Nacional, la Dicrim  y la Policía Turística.

La  imputación fue hecha por presunta violación a las infracciones de la Ley 5353, modificada por los Arts. 381 y siguientes del Código Procesal Penal, en perjuicio de JOSHUA STEVEN RIIBE y ALBER FRANCIS RIIBE.

La notificación fue hecha este lunes 31 de marzo pasadas las 03:00 de las tarde en  virtud de los artículos 17 y 20 de la Resolución 1732-2005 dictada por la Suprema Corte de Justicia de fecha 15/09/2005.

Sentencia íntegra

Se recuerda que Joshua Riibe era el principal testigo en la desaparición de la turista estadounidense de origen indio Sudiksha Konanski, ocurrida la madrugada del día 6 de este mes de marzo.

La última vez que se vio a Konanski, fue en imágenes captadas por videos de seguridad del Hotel Riu, cuando esta iba en compañía de Riibe y otras amigas a la playa del complejo.

Por eso caso Joshua Riibe fue considerado como el principal testigo por el Ministerio Público y duró varios días siendo interrogado por las autoridades.

El pasado 14 del corriente se conoció el recurso de Habeas Cospus a favor de lo joven extranjero, el cual fue acogido por el juez Edwin Rijo.

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Durante el año recientemente concluido, la fiscalía de esta demarcación informó que ha  puesto un especial énfasis en la protección de las víctimas, por lo que se ha brindado atención especializada a un considerable número de personas afectadas por la violencia, lo que ha resultado en 175 condenas por casos de violencia de género e intrafamiliar.

Entre enero y diciembre del citado año, la Unidad de Higüey recepcionó 1,524 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, mientras que la Unidad de Punta Cana registró 1,203 casos.

En cuanto a delitos sexuales, se atendieron 276 denuncias en Higüey y 148 en Punta Cana. Además, se emitieron, 287 órdenes de protección en Higüey y 186 en Punta Cana, asegurando su estricto seguimiento.

“Para optimizar la atención a las víctimas, hemos inaugurado una nueva Unidad de Atención Integral en Higüey, permitiendo mejorar la calidad del servicio brindado” sostuvo la magistrada Claudia Lorena Garrido, titular de la entidad.

Dijo que la participación ciudadana es fundamental en la administración de justicia, es por ello que han realizado  16 encuentros comunitarios en los que se escucha de primera mano las inquietudes de la población, permitiendo la construcción de soluciones conjuntas.

“El compromiso del Ministerio Público con la transparencia se refleja en las 958 solicitudes de medidas de coerción presentadas, garantizando que quienes incumplen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos y asegurando la protección de las víctimas”, acotó Garrido.

Asimismo, se presentaron  4,000 actos conclusivos, reafirmando un gran  esfuerzo por ofrecer respuestas oportunas a los procesos judiciales.

“Se obtuvieron  218 condenas en diversos casos, demostrando nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad”, indicó.

En el marco de la lucha contra la delincuencia, se llevaron  a cabo 940 allanamientos durante el año, fruto de meses de investigación y del esfuerzo del equipo.

Además, preocupados por el aumento de la conflictividad social, se redobló esfuerzos para reducir la circulación de armas de fuego en la provincia, como  resultado, entregaron  208 armas al Ministerio de Interior y Policía.

Aclaró que “uno de los mayores retos sigue siendo la sobrepoblación penitenciaria, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la dignificación de los privados de libertad”.

En este sentido,han  implementado estrategias para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, además de realizar operativos de limpieza y salud en colaboración con los Bomberos y la Dirección Provincial de Salud.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con una justicia eficiente y oportuna, por lo que la institución tiene el deber de actuar con estricto apego al debido proceso, asegurando que las decisiones judiciales no se vean afectadas por prejuicios, sino que sean el resultado de pruebas obtenidas de manera lícita.

La fiscal titular de La Altagracia ofreció estas declaraciones en el marco de la celebración del Día del Ministerio Público que se celebra este domingo 9 de marzo en el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez.

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El Tribunal Colegiado de esta demarcación dictó la sentencia condenatoria a la pena máxima en contra de Luis Miguel Peguero Morales (Canahan o Ojos Verdes), quien fue hallado culpable de causarle la muerte a Jhonatan Cedeño Etime (Calderón).

El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2022, siendo Cedeño Etime trasladado al hospital de esta provincia, donde posteriormente falleció, el 20 de diciembre de ese mismo año, a las 3:00 de la tarde, a causa de herida por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo.

Peguero Morales, según indica el expediente acusatorio, fue detenido en la provincia La Romana el 4 de abril de 2023 mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta que había sido sustraída en fecha 1 de abril de ese mismo año, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La acusación detalla, que, tras su detención, al ser depurado, se determinó que era buscado en virtud de la orden de arresto y conducencia No. 05162-2022, por un enfrentamiento que sostuvo con la víctima el 18 de diciembre de 2022, utilizando armas blancas, antes de que le provocara la muerte. Detalla que al momento en que ocurrió ese hecho se encontraban en una estación de combustible.

El expediente señala que, luego de ese enfrentamiento, la víctima se dirigió a la casa de un amigo en esta provincia, y, en momentos en que ambos conversaban al lugar se presentó el hoy condenado a bordo de una motocicleta conducida por otro hombre solo identificado como  Chuy. Indica que Peguero Morales se desmontó de la motocicleta y, sin mediar palabras, le disparó a Cedeño Etime.

Refiere que un hermano de la víctima y otro hombre que le acompañaba, quienes se encontraban en las proximidades de la zona cuando ocurrió el caso, acudieron al lugar, y, Peguero Morales también intentó asesinarlos, sin que lograra su objetivo. Posteriormente, el victimario y el nombrado Chuy emprendieron la huida.

El fiscal Víctor Camacho tuvo a cargo la investigación del caso, mientras que los fiscales Yeuri Rodríguez Cabrera e Idalia Peralta representaron al Ministerio Público en la litigación, demostrando la acusación con suficientes pruebas.

Los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte dictaron la sentencia condenatoria al determinar que el procesado violó los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

El condenado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia, además de pagar la indemnización a los familiars de la víctima.

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Los imputados por el caso que están en libertad son: Alexis De Los Santos Mercedes, Edward Jimenez Herrera y Juan David Mota, quienes acompañaban, junto a otras jovencitas, acompañaban a Yeira Encarnación en el balneario el Salto de Anamuya donde está perdió la vida ahogada en condiciones aún no esclarecidas la noche del 14 de marzo del pasado año 2024.

En la audiencia realizada ayer jueves,  los abogados de la parte acusadora recusaron a la fiscalía y la jueza del caso rechazó la recusación y el aplazamiento que solicitaban porque, a su juicio, estaban infundados y entonces recusaron a la parte afectada.

Además, solicitaron la anulacion de las entrevistas a las menores y querían  que se entrevistaran de nuevo, cuyo pedimento es ilegal según el CPD.

El abogado de la víctima, Bomar Alexis Quezada Ortega, sostuvo que tuvieron  que recusar el tribunal porque entienden que  hay pruebas a las que no han  podido tener acceso en al memoria notificada.

Agregó que también realizaron  un pedimento en base al artículo 147 del código procesal penal para la reapertura de plazos luego de enmendado el vicio de notificación por lo que el tribunal se negó.

Detalló que esta decisión desencadenó la recusacion del tribunal por lo que el próximo lunes depositarán  ante el procurador de la corte contra el ministerio público.

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La solicitud fue realizada por el órgano persecutor a las 4:55 de la tarde del jueves 23 de este mes de enero.

El escrito de acusación y apertura a juicio se hizo en contra de los ciudadanos: Yhon Alexis De los Santos Mercedes, Edward Jiménez Herrera y Juan David Mota Mauricio a quienes se les acusa de sustracción de menores, traslado ilegal y abuso psicológico.

Los imputados anteriormente citados, acompañaban a la hoy fallecida Yeira Idraivia Encarnación Correa la noche del 14 de marzo del pasado 2024 en el río Salto de Anamuya donde la menor perdió la vida presuntamente por ahogamiento según certificado del médico legista actuante y autopsia.

También se encontraban en el lugar del hecho las menores de edad: K.L.J, Z.C.M. y M.C. cuyos nombres omitimos para proteger su identidad como establece la ley.

Se recuerda que el pasado 14 de este mes de enero, la señora Mildred Correa madre de la adolescente, visiblemente impotente e indignada, se presentó al tribunal de Higüey con la osamenta de su hija de 10 meses de fallecida como forma de exigir justicia y esparció los restos en la recepción del citado lugar.

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Ramos Taveras cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14 de Higüey.

El abogado de la parte acusada, Hector Telemin, dijo que el pedimento del Ministerio Público no se ajusta al artículo 335 del Código Penal Dominicano y alega inocencia de su defendido, ya que entiende que la menor uso un acta de nacimiento falsa que indicaba mayoría de edad.

El profesional derecho explicó que el educador y la adolescente mantenían una correlación, es decir una relación de mutuo acuerdo.

De su lado los familiares de la víctima no quisieron dar declaraciones a la prensa, ya que casi no hablan el español.

El Ministerio Público

El Ministerio Publico solicitó ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de prisión preventiva al educador por violar los los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24/97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Además, el artículo 396 literales b, c de la Ley 136-03 sobre el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el documento de solicitud de medida de coerción, la adolescente, cuyo nombre es omitido para preservar sus derechos, se presentó sola a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Higüey, y denunció que el profesor Ramos Taveras abusaba sexualmente de ella desde que tenía 13 años de edad.

La adolescente detalló en la denuncia que, al enterarse de su embarazo, Ramos Taveras, quien al momento fungía como maestro de matemáticas en un centro de educación del sector Villa Cerro de aquí, le indica que ella no puede continuar con el embarazo, ya que estaría en riesgo su trabajo y le obliga a provocarse un aborto mediante la aplicación e ingesta de pastillas.

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En el desglose mensual de la Procuraduría Geral de la República, la seducción en perjuicio de menores comienza con 20 en enero; febrero, 10; marzo, 9; abril, 13; mayo, 9; junio, 7; julio, 8; agosto, 13; septiembre, 8; octubre, 11; noviembre, 11; y diciembre, 9.

Mientras que el recuento anual es el siguiente: 2024, 127; 2023, 153; 2022, 145; 2021, 61; 2020, 149; 2019, 142; 2018, 134; 2017, 311; y 2016, 327.

Los actos de seducción a menores de edad ponen en vilo a la unidad encargada de perseguir la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Higüey, viendo que las infracciones por estupro representan la mayor cantidad de denuncias sexuales recibidas.

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Anderson Jordany Mota Santana (Habichuelita) fue condenado por el Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia, que lo declaró culpable de cometer la violación sexual contra la mujer, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

Mota Santana cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey.

El caso fue denunciado ante la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del  Ministerio Público , donde se estableció que el hecho ocurrió el 2 de enero de 2024, alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando la víctima llegaba desde su lugar de trabajo a su residencia y fue interceptada por Mota Santana, quien la amenazó con un arma de fuego que portaba para que le entregara sus pertenencias.

El expediente relata que, bajo intimidación y amenaza, el hoy condenado traslada a la mujer a unos matorrales, cerca del cementerio nuevo de esta ciudad de Higüey, donde la  agredió sexualmente.

Posteriormente, el procesado amenazó a la mujer con que si denunciaba los hechos le quitaría la vida.

La acusación presentada por el órgano acusador contra Mota Santana fue acogida por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes lo declararon culpable de violar los artículos 330, 331, 379 y 385 del Código Penal Dominicano.

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El juicio fue aplazado a los fines de que se le otorgue la defensoria pública como lo solicitó el imputado, petición que fue acogida por el juez.

Asimismo, para realizar la revisión del expediente del pastor  conjuntamente con la de Robinson,   quién también imputado por ser cómplice de Kelly en las agresiones sexuales.

Albert Severino, abogado de una de las víctimas detalló que, cuando a un imputado se le otorga un año o más como medida de coerción y el caso es declarado complejo, la ley establece que de obligación se le debe hacer una revisión cada tres meses, señaló él abogado de una de las víctimas.

Dijo que en la medida obligatoria se analizan los elementos de arraigo a los fines de hacer variar la medida de coerción.

Según el MP. en esta ocasión, Kelly  invitaba a sus víctimas a participar en diversas actividades de la iglesia, haciendo uso de la autoridad que tenía en la congregación, forzándolos a sostener relaciones sexuales y amenazándolos con matarlos a ellos y sus familias si expresaban lo sucedido.

Cabe destacar que el órgano persecutor establece que estos hechos, muestran “Una evidente reincidencia en este tipo de comportamiento por parte del imputado”, quien en 2021, en virtud de la sentencia penal número 185-2021-SSEN-00372, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, fue declarado culpable de cometer agresión sexual, prevista en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de otro menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales.

Esta sentencia condenó a Víctor Manuel Kelly  a cumplir una pena de cinco años de prisión de forma suspendida y lo sometió a varias condiciones y reglas durante el referido periodo.

En esta ocasión, el Ministerio Público otorgó al hecho por el que se imputa a Kelly  la calificación provisional que contempla la falta en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano.

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La imputada Natali de la Cruz Jerez deberá cumplir los 24 meses de cárcel suspendida por el deceso de  la extranjera Alida Marisol Méndez Venegas,  absteniéndose de viajar al extranjero, residir en su domicilio ubicado en la calle Boungadilla, residencial Villa Bird, en el Cocotal de Bávaro y no consumir bebidas alcohólicas.

Será el 25 de septiembre de este año 2024 cuando se leerá la sentencia íntegra, y el juez dictará la indemnización que la encartada  deberá  pagar en a los familiares de la víctima.

El abogado de la familia de la occisa, Emmanuel Rivera, explicó que el magistrado tomó la decisión en virtud del artículo 341 del Código Procesal Penal, que establece la pena suspendida.

Según el profesional del derecho,  el juzgado también acogió en consideración el testimonio  de un testigo, quien declaró que la condenada iba a alta velocidad cuando el vehículo impactó con el auto de la fallecida.

El accidente se produjo al chocar el vehículo marca Mazda, color azul, placa A624032, que conducía Méndez Vanegas, con el vehículo Hyundai, color blanco, placa PP058455, conducido por De La Cruz Jerez.

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